Una deuda cada vez más histórica

A punto de arrancar un nuevo curso político, con nuevo equipo al frente de la Generalitat Valenciana y otro tanto en el Ayuntamiento, aunque de distinto signo político, Orihuela sigue, al menos de momento, tal y como estaba antes de que el 24 de mayo las urnas decidieran a quién poner al frente de su futuro. No han pasado los cien días de rigor, pero casi, y aunque la canícula haya rebajado la intensidad de trabajo tanto en la capital histórica de la Vega Baja como en el Cap i Casal, es momento de ver en qué punto está cada uno y de comprobar, por parte de los ciudadanos ,cuáles de los compromisos adoptados por los gobernantes van materializándose. En el caso del municipio oriolano la expectación debe ser máxima si se tiene en cuenta que los actuales mandatarios autonómicos han reclamado una y otra vez cuando eran oposición la puesta en marcha de distintas infraestructuras que en suma suponen la deuda, demasiado histórica ya, que tiene la Generalitat no ya con el Ayuntamiento, sino con los oriolanos.

La suma de todos ellos hace más de siete millones de euros que esta ciudad espera pacientemente que se inviertan desde hace años. Solo uno de los inmuebles está pagado y cerrado a cal y canto desde su fugaz inauguración, consellera de Cultura incluida, en el año 2010, la Casa Natal de Miguel Hernández en la calle San Juan. El edificio que se levantó en el solar que ocupó la antigua vivienda permanece sin uso pese a que se invirtió en la demolición y construcción más de medio millón de euros. En reiteradas ocasiones ha solicitado su apertura la diputada autonómica ilicitana Mireia Mollà, de Compromís, partido que gobierna en coalición con el PSPV la administración autonómica.

Tanto Mollà como otros responsables, incluido el jefe del Consell, Ximo Puig, han reivindicado en reiteradas ocasiones sin obtener muchas veces respuesta alguna, la construcción del Centro de Salud del Rabaloche, más de una decada en situación de provisionalidad y más de un lustro en barracones instalados en un terreno municipal a las espaldas del Palacio del Marqués de Arneva. Pese a que el Pleno decidió destinar a esta infraestructura sanitaria más de 2,5 millones de euros del Plan Confianza (de una partida que en un principio era de 3 millones), la licitación de la obra se publicó sin que hasta el momento se haya procedido a su adjudicación. No sería la primera vez, puesto que lo mismo ocurrió antes de las elecciones del 2011 y por arte de magia se desistió de la licitación tras los comicios en los que formó gobierno el tripartito de Los Verdes, PSOE y CLR.

La cuenta sube cuando se recuerda al poco recordado Centro de Emergencias que mediante el mismo Plan Confianza que el de salud, se iba a construir en Orihuela Costa para aglutinar a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como otros servicios de extinción de incendios o emergencias. En la parcela, ahora más al aire por estar junto a la entrada de la N-332 hacia el centro comercial de La Zenia, se puso poco más que la primera piedra, y la estructura del edificio está, oxidada en las zonas de la ferralla, a la espera de que alguien invierta los 3 millones de los que se dotó un proyecto inconcluso y que como muchos otros tuvo la 'suerte' de que la empresa a la que se adjudicó quebrara a medio hacer la obra y la dejara empantanada. Pese a que su apertura se anunció para enero del 2011, su estado deja patente que ni está, ni tampoco se le espera, puesto que de la valla que rodea la parcela ha desaparecido incluso el cartel que anunciaba la obra que se iba a hacer allí.

Cinco millones y medio, seis si se le suma la Casa Natal de Miguel Hernández. Y todavía falta una cifra, aunque esta última no está demasiado clara. Se trata de la batalla que han librado distintos equipos de gobierno municipales con la Generalitat a cuenta del Palacio de Justicia. Hay que recordar que el edificio de la Plaza de Santa Lucía, construido con fondos municipales e inaugurado en el año 2006, supondría la liberación del inmueble de la calle Santa Justa para dependencias municipales, pero una vez más la Generalitat no cumplió con lo prometido y ni siquiera ha hecho efectiva la cesión del inmueble. Durante el anterior mandato los socialistas Antonia Moreno y Antonio Zapata siguieron adelante con la pelea hasta el punto de amenazar con desahuciar las dependencias judiciales, que hoy por hoy siguen siendo propiedad del pueblo de Orihuela. El último tira y afloja fue a cuenta de lo que el Ayuntamiento pretendía cobrar en dinero contante y sonante a cuenta de esta permuta dado que el edificio de la Plaza de Santa Lucía costó seis millones y el de Santa Justa está valorado en menos de tres -se ha depreciado con el tiempo-, sin que se llegara a ningún acuerdo. Las negociaciones, para todo ello, tendrán que volver a empezar.

El caso es que la suma de las inversiones que la ciudad no ha visto de momento ronda los nueve millones de euros.