La PAH paraliza el desahucio de una familia argelina sin recursos y con el padre enfermo

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Orihuela afrontó ayer por la mañana uno de los casos más acuciantes de los que llevan entre manos en defensa de los intereses de las personas en riesgo de perder sus casas por las deudas contraídas con entidades financieras.

Medio centenar de representantes de asociaciones de la comarca y de la provincia lograron parar el desalojo de un matrimonio argelino en riesgo de exclusión social y obtener una prórroga del juzgado hasta el próximo 13 de enero para negociar con una caja de ahorros una salida digna a un caso complejo.

La cita era a las diez en el número 1 de la Calle Santa Otilia, donde en el primer piso viven desde hace años el matrimonio formado por Mokhtaria El Mhadji y su marido, Belmokthar Boumediene, que arrastra desde que comenzó todo el proceso de ejecución hipotecaria problemas de salud que le obligan a permanecer encamado, e incluso son frecuentes sus ingresos hospitalarios al padecer trastornos nerviosos derivados de su situación. Ambos residen en esta céntrica calle oriolana en la actualidad pero llevan 26 años en la ciudad. En el 2007, explicó tanto la mujer como el portavoz de la PAH, José Andrés Berná, formalizaron una hipoteca tras comprar dos pisos en la Travesía Calderón de la Barca donde alojarse ellos, seis hijos y dos nietos. Desde aquel momento las cuotas les suponían 1.500 euros mensuales que afrontaron durante dos años y se pusieron en manos de una inmobiliaria con el ánimo de deshacerse de ambos pisos y buscar uno más pequeño, «con lo que tuvieron que ampliarla para la compra del tercero a cambio de ir reduciendo la hipoteca al vender los anteriores», dijo Berná, lo que motivó que la cantidad a devolver fuese de 300.000 euros, sin posibilidad de amortizarla y perder las dos primeras casas.

Los ingresos familiares en aquel entonces eran de 1.100 euros entre ambos fruto de su trabajo en almacenes agrícolas pero en el 2010 se quedaron en el paro y desde tres años después sin ingresos ni prestaciones, «por lo que mis hijos emigraron a mi país y otra hija a Alemania», precisó El Mhadji. La mujer dijo que no tienen otro sustento que el dinero que les manda esta todos los meses, en torno a los 150 euros que les da para comer y poco más.

La PAH se hizo cargo del caso hace dos meses e intentó llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para evitar el desalojo de ayer, «pero como siempre, nos encontramos con unas condiciones de los bancos que son leoninas, sobre todo porque se ceban con personas de origen árabe que no saben ni qué estaban firmando», reprochó el portavoz, al tiempo que reseñó las dificultades que han tenido para conocer por parte de la sucursal todos los detalles del préstamo.

La entidad contraofertó a última hora con un alquiler social de ochenta euros, un hecho que rechazan desde la plataforma antidesahucios hasta que no condonen la deuda «porque que te quiten la casa no anula el préstamo, y si ya se la han quedado no tiene sentido, ya que el pago se ha saldado». Este hecho es uno de los puntos clave del caso ya que Berná explicó que «por bajo que sea este alquiler social si firman un contrato por él y tampoco lo cumplen al no tener ingresos de ningún tipo de nuevo el banco los puede desalojar, además de que no han retirado del juzgado el procedimiento de desahucio», y apeló a que la Ley Hipotecaria española ya ha sido objeto de críticas de la Unión Europea por «las condiciones que impone a quienes las firman ya que los gobiernos se ponen del lado de los bancos y no de los ciudadanos».

Al final lo que si consiguieron con su presión fue que los agentes judiciales no llegaran a entregar la orden de desahucio al matrimonio y que estos logren cuatro meses para afrontar con más calma con la caja nuevas condiciones y poder mantener el lugar donde viven.