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Pilar M. Maciá
Martes, 22 de septiembre 2015, 02:16
El aparcamiento en zona azul que en noviembre hará seis años que oriolanos y visitantes pagan en distintas calles del centro de la ciudad no ha revertido ni un euro a las arcas públicas desde su puesta en marcha. La Concejalía de Hacienda ha requerido en varias ocasiones a la empresa el pago del canon establecido en los pliegos de condiciones que dieron lugar a la puesta en marcha del servicio, y a partir de ahora no se descarta incluso recurrir a la vía judicial para exigir que se abone una deuda que a fecha 31 de marzo ascendía a 475.239 euros.
Aprobación por primera vez de la liquidación del canon.
Tesorería tiene constancia de esa liquidación que es trimestral el 9 de marzo del 2011, y la siguiente que obra en poder de este departamento es de fecha enero del 2012, donde se incluyen el tercer y cuarto trimestre del 2010 y el primero y el segundo del 2011.
Ningún paso más.
Según explica Rafael Almagro en base al informe de la Tesorería, el Consistorio no dio ningún paso más hasta julio del 2014, que es cuando el entonces concejal Víctor Ruiz destapa la deuda contraída por la empresa concesionaria.
Últimas gestiones.
En abril del 2015 el juzgado de Instrucción 3 solicita información al Ayuntamiento sobre la situación. El nuevo equipo de gobierno emite el 30 de junio una providencia de apremio para los 264.000 euros de duda hasta el tercer trimestre del 2013; el 28 de agosto se aprueban las liquidaciones hasta el primer trimestre del 2015 y se emite una diligencia de embargo a la empresa.
El concejal de Hacienda, Rafael Almagro, recuerda que en septiembre del año pasado desde Tesorería se informó al anterior equipo de gobierno de una deuda de 264.000 euros correspondiente a las liquidaciones aprobadas por el Consistorio en los años 2010 y 2011 según los datos que obran en poder del concejal, al que llama la atención el hecho de que desde enero del 2012 no exista ningún documento sobre estas liquidaciones hasta que se destapó el impago hace ahora doce meses. Almagro explica que nada más llegar al gobierno municipal se mantuvo una reunión con la empresa Esmapark que como en ocasiones anteriores manifestó su intención de hacer frente a los pagos sin que hasta el momento se haya hecho efectivo ni uno de ellos. «Se habló de poner en marcha un plan de pagos y se pidió a la mercantil que tuviera un gesto abonando algo, cosa que no ha hecho». Ante esto el departamento de Hacienda puso en marcha distintos procesos administrativos que siguen su curso, y el 30 de junio pasado se realizó una providencia de apremio por la citada cantidad de 264.000 euros correspondiente a las liquidaciones hasta el tercer trimestre del 2013 con un 10% de recargo. Ante la inactividad por parte de la empresa, también se activó otra diligencia, en este caso de embargo, y se sumó otro 10% al recargo, alcanzando la cantidad de 317.000 euros.
A esto se suma el hecho de que el 28 de agosto se aprobaron las liquidaciones del cuarto trimestre del 2013, todo el año 2014 y el primer trimestre del 2015, 158.239 euros para las que se inició el procedimiento de cobro voluntario, lo que suman esos 475.239 euros que el Ayuntamiento intentará cobrar por todas las vías posibles puesto que es un canon que se debe al municipio. Asimismo habrá que añadir las liquidaciones del segundo y tercer trimestre de este 2015 hasta la extinción del contrato en noviembre.
Aunque en el pliego de condiciones se estableció como falta grave y posible causa de resolución del contrato el impago del canon establecido, para Rafael Almagro ya no es momento, a apenas unas semanas de que termine el contrato, de resolverlo, por lo que se abrirán todos los procesos que haga falta incluso en los juzgados para ver la posibilidad de ingresar esas cantidades, ya que de momento lo único que se puede hacer es ejecutar el aval de 50.000 euros que la mercantil puso cuando se le adjudicó el contrato.
La prestación del servicio se aprobó en Junta de Gobierno el 2 de noviembre del año 2009 mediante un contrato en el que se establecía que Esmapark debía abonar cada año al Ayuntamiento «el 90% del excedente resultante de deducir, del total de los ingresos procedentes de la explotación del servicio, el importe de los costes de explotación y la amortización de las inversiones», cosa que nunca se ha puesto en práctica en favor del Ayuntamiento.
Desde el departamento de Contratación ya se realizan los trámites, según explica su titular, Francisco Sáez Sironi, para poner en marcha un nuevo proceso de licitación que se pretende poner en marcha una vez que termine el contrato vigente en el mes de noviembre. Aunque el equipo de gobierno es consciente de la urgencia con que deben realizarse los trámites para procurar que cuando termine la empresa concesionaria en la actualidad entre otra a prestar el servicio, se va a intentar que toda la tramitación administrativa pueda contemplarse de forma que la mercantil que gane el concurso releve de inmediato a la que lo presta en la actualidad sin que las ganancias obtenidas redunden en nada en el bienestar de los oriolanos y visitantes que aparcan en las zonas marcadas con el color azul.
En el juzgado
La empresa concesionaria del servicio de la zona azul ya tiene una denuncia en el juzgado, interpuesta durante el pasado mandato por el concejal Juan Ignacio López-Bas, ahora portavoz de Ciudadanos. El edil explicó que decidió llevar el asunto a los tribunales cuando se supo que no se producían los ingresos pese a que se presentaban las liquidaciones voluntarias por parte de la mercantil, y añadió el hecho de que cada vez que un vecino paga 3 euros para anular la denuncia ese dinero que debía computarse como una sanción también lo cobra Esmapark. Para López-Bas el peligro es que llegue noviembre, se extinga la relación con el Ayuntamiento y la empresa desaparezca dejando una deuda que superará para entonces el medio millón «porque no tiene más concesiones en toda España», afirmó el concejal.
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