Hacienda expedienta a la empresa que gestiona el alumbrado público

El tripartito de Callosa, formado por PSOE, Somos e Izquierda Unida, se ha propuesto poner orden en todas las adjudicaciones heredadas de los mandatos del Partido Popular y lleva hoy a Pleno incoar un expediente sancionador contra la empresa que gestiona el alumbrado público del municipio.

Esa es la intención del concejal de Hacienda, Rubén Manresa (IU) que también elevará la propuesta de hacer lo propio con la empresa que retira los residuos sólidos, Sirem, por las deficiencias detectadas en el servicio.

Manresa dice que la adjudicataria Imesapi, una mercantil filial del grupo constructor ACS, no ha cumplido el pliego de condiciones por el que se hizo con el servicio y que se ha esperado a contar con informes de los técnicos municipales para iniciar el proceso de sanciones. El responsable de la hacienda local enumera como los principales incumplimientos cuatro. Así, precisa que esta mercantil no ha llevado a cabo el cambio de titularidad de los contratos del alumbrado público con la suministradora Iberdrola, que era una de las premisas fundamentales, lo que supone que sea el Consistorio quien tenga que abonarlas «nueve meses después del plazo que tenía estipulado para hacerlo, y no vamos a pagar a dos empresas a la vez por lo mismo». Así el concejal explicó que la cuantía supone pagar cincuenta mil euros al año que deberían correr a cargo de la mercantil y que tampoco lleva a cabo inspecciones nocturnas para saber el estado del alumbrado en calles.

Otra de las premisas a las que se aferra es que hay una falta de mantenimiento de todo el sistema y que tampoco ha abordado poner en marcha la oficina de atención ciudadana ni un teléfono de atención. Manresa además recalcó que en todos los meses que tiene en sus manos el control del tendido «ha incumplido la sustitución de luminarias que a estas alturas deberían haberse renovado al completo antes de enero por unas más eficientes». Manresa culpa de inacción a los populares «porque deberían haber velado por los intereses generales y hacer valer el contrato», que calificó como «el colmo del afán privatizador del PP».

El contrato de mantenimiento del alumbrado público fue una de las críticas que lanzaron desde la oposición al gobierno de Javier Pérez hace ahora un año. Así los socialistas reprocharon que este suponía un coste para las arcas municipales cercano a los 7,5 millones por un periodo de quince años, a razón de 500.000 euros anuales lo que suponía incrementar esta partida respecto a la gestión pública de años precedentes. De igual modo la adjudicataria quedaba comprometida a realizar inversiones de mejora por 1,8 millones al optar por luminarias tipo LED que el concejal de Hacienda precisó que «ni siquiera han empezado a llevarse a cabo después de tanto tiempo».