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Cambiemos aboga por la gestión pública y ecológica de los residuos de la Vega

El grupo de izquierdas afirma que elaborar un Plan Zonal que solo se base en criterios de mercado es «un ejercicio de terrorismo medioambiental»

C. M. A.

Domingo, 27 de septiembre 2015, 00:32

La coalición de izquierdas Cambiemos Orihuela expresó ayer su opinión sobre lo que denomina «la crisis de la basura» al respecto del cierre de la planta crevillentina de Abornasa donde llevan sus desechos una docena de localidades de la comarca y que les ha obligado a derivarla a la planta de Villena tras una orden judicial que ha paralizado su actividad.

El grupo recuerda en un comunicado que ha demostrado desde sus inicios y durante la pasada campaña electoral «especial interés en una cuestión como el tratamiento de los residuos que ha acarreado problemas medioambientales y legales» y asegura que «esta crisis comarcal es uno más de los problemas que ha provocado un modelo basado en el negocio y la corrupción de empresas y partidos políticos».

En ese sentido la coalición declara estar «firmemente comprometida con el ecologismo» y plantea un cambio del modelo de gestión de residuos. Desde Cambiemos abogan por una gestión pública y ecológica hacia una política de residuos cero, abandonar el sistema de vertederos «y una solución rápida y eficaz a los problemas medioambientales que ya ha generado en Orihuela como los vertederos, legales o no, de La Murada y Pilar de la Horadada que afecta a la costa oriolana».

El grupo se muestra esperanzado por la actitud del nuevo gobierno de la Generalitat «del que nos consta que está compuesto por personas con una sensibilidad afín a nuestros principios ecologistas», y ha exigido al gobierno municipal del PP que se posicione a favor de «un modelo al servicio de la ciudadanía y de la naturaleza, excluyendo a caciques, corruptos y, sobre todo, corruptores». Karlos Bernabé, portavoz municipal de Cambiemos, señala que «privatizar la basura o elaborar planes zonales que solo tengan en cuenta criterios de mercado supondrá un ejercicio de terrorismo medioambiental y político por parte de quien lo practique».

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