Trabajadores del vertedero solicitan al juzgado el embargo de Proambiente

El vertedero de Proambiente empieza a parecerse peligrosamente al 'Titanic': se hunde. El letrado José Javier Conesa ha solicitado a un juzgado de Lo Social de Murcia el embargo preventivo de la mercantil. La solicitud argumenta que «hay serios indicios de que dicha empresa va a enajenar toda la maquinaria de su propiedad durante el plazo del preconcurso en el que se encuentra inmersa, a los efectos de solicitar la declaración de concurso y simultánea liquidación societaria, todo en ello en aras de eludir sus responsabilidades».

El abogado representa a trece empleados de Proambiente que se han querellado contra la mercantil, solicitando al juzgado la extinción de sus contratos porque se les adeudan dos nóminas, por importes que llegan hasta los 2.162 euros brutos, y no tienen ocupación efectiva en el vertedero. «No están trabajando desde mayo y les dicen que ni siquiera tienen que ir», apunta Conesa. El impago de nóminas podría elevarse a tres porque todavía no han cobrado la de septiembre.

El importe total que se reclama a la mercantil en las demandas cursadas es de unos 300.000 euros, incluyendo las nóminas que se adeudan a cada trabajador, los intereses de demora, las indemnizaciones por despido improcedente y las diferencias salariales que han sufrido los empleados desde que comenzaron los problemas económicos de la mercantil.

En una de las demandas, un empleado detalla que «durante el último año me ha venido abonando el salario por debajo de la cantidad recogida en el convenio colectivo». La primera vista oral contra Proambiente para lograr la extinción laboral de un contrato se celebrará el próximo mes de noviembre. Pero el letrado, ante la situación de insolvencia de la empresa, ha ampliado la demanda por falta de ocupación efectiva y ha solicitado el embargo preventivo de un listado de bienes para evitar que Proambiente los venda para obtener 'cash'. En el listado figuran cinco camiones de basura, cinco furgonetas, tres tractores, dos semiremolques y un portacontenedores.

El abogado José Javier Conesa asegura que los empleados están pendientes de que alguna empresa compre las instalaciones. «Si nadie se queda con el vertedero, esto tiene mala pinta porque no tienen un duro». De hecho, a la plantilla se le han llegado a adeudar cuatro nóminas y media, y este mes la empresa solicitó entrar en preconcurso a un juzgado de Lo Mercantil de Murcia. Lo hizo por iniciativa propiapara evitar un concurso de acreedores culpable. Además, el pasado febrero se vio obligada a llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE).

Responsable subsidiaria

La Consejería de Medio Ambiente ordenó en julio la suspensión de actividad del vertedero porque «excedió en más de cuatro veces la capacidad diaria -70 toneladas-». Esta situación ha generado pérdidas a la firma porque ayuntamientos como los de Abanilla y Beniel están desviando su basura a Ulea.

El consejo de administración de la empresa reconoció recientemente que el futuro de las instalaciones estaba «en el aire» y dependía de su venta o la reapertura del vaso 3. Las deudas de Proambiente ponen en peligro la restauración de la Sierra de Abanilla, valorada en 3.305.933 euros. La mercantil avaló los trabajos con pisos y dúplex de su propiedad, en Fortuna. Si ninguna de las cuatro empresas que se han interesado por comprar el vertedero cierra la operación y la mercantil entra en concurso, la Consejería se encontraría con un lote de 35 inmuebles para hacer frente al coste de la recuperación de este Lugar de Interés Comunitario. Así lo recordó Ecologistas en Acción: «La Comunidad será la responsable subsidiaria de la gestión de lixiviados, desgasificación y sellado de vasos, control de movimiento de tierras y compensación de hábitats. Asumirá durante 30 años este desastre».