Proambiente asegura que no puede asumir la gestión de los lixiviados

El problema tiene varias hectáreas de tamaño y está a punto de estallarle a la Comunidad Autónoma de Murcia. La empresa Proambiente ha notificado a la Consejería de Medio Ambiente que no puede seguir asumiendo la gestión de los lixiviados que generó el vertedero con el enterramiento ilegal de 117.900 toneladas de basura, a caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Desde el consejo de administración de la mercantil confirmaron que el coste de los trabajos «es muy alto».

Las mismas fuentes reconocieron que «estamos asfixiados» y apuntaron que se lo han notificado a la Consejería «por si no podemos seguir con la restauración, para que ellos lo sepan y se pongan al frente». La mercantil se comprometió con la Comunidad Autónoma a restaurar en un periodo de cinco años el Lugar de Interés Comunitario Sierra de Abanilla y una de las actuaciones de mayor importancia era la retirada de lixiviados que ha supuesto en reiteradas ocasiones las quejas de colectivos como Vertivega, ya que entienden que debe ser la empresa la que se haga cargo de su retirada.

La recuperación de la sierra era el requisito para poder retomar los vertidos de residuos en el vaso número 3 durante 7 años y 76 días más. Sin embargo, Ecologistas en Acción alertó de que está «más cerca el cierre total de las instalaciones, que la reapertura». De hecho, el consejo de administración de la empresa reconoció que el cronograma de actuaciones «no se va a cumplir debido a que económicamente no se puede». Los trabajos se tenían que completar entre 2013 y 2018, y avanzaron que «lo mismo, en un mes o mes y medio no podemos más».

Las mismas fuentes indicaron que se han acometido el 50% de las actuaciones previstas y que llegarán «hasta donde nosotros podamos, la restauración también nos preocupa». Aseguraron que en ningún momento han parado los trabajos de restauración, pero lo cierto es que algunos días solo hay tres trabajadores para toda la planta. No hay que olvidar que la comunicación de la firma a Medio Ambiente se ha producido después de haber solicitado al Juzgado de Lo Mercantil número 2 de Murcia entrar en concurso voluntario, ante su «estado de insolvencia».

La Consejería suspendió en julio la actividad de Proambiente porque excedió su capacidad diaria y a la pérdida de ingresos que le ha supuesto esta medida, también suma las deudas que otras empresas y ayuntamientos mantienen con la mercantil de más de un millón de euros.

Ecologistas en Acción recordó que en caso de cierre, «sería la primera vez que la Comunidad Autónoma tuviese que asumir la gestión de un vertedero y el coste de su restauración de 3,3 millones». La organización no descarta estudiar acciones legales contra los miembros del consejo de administración, «para evitar que se declaren insolventes y se marchen de rositas».

Al problema medioambiental que se podría generar, se suma el conflicto político que podría volver a reactivarse con el Ayuntamiento de Orihuela que siempre fue muy crítico con la decisión del Ejecutivo murciano de conceder la autorización ambiental integrada a Proambiente para volver a recibir basura en el vaso 3 de Abanilla-Crevillente.