Murcia aboca a Proambiente al cierre tras impedir que se amplíe la capacidad del vaso 3

La única de las dos puertas de acceso al vertedero de Proambiente en Abanilla que permanece abierta, la de la Región de Murcia, podría cerrarse de forma definitiva tras la revocación por parte del gobierno murciano de la ampliación de la capacidad de su vaso número 3, así como la incautación de las fianzas para garantizar la ejecución de la restauración de la sierra impuesta a la mercantil y cuyo inicio acumula ya dos años de retraso. Esta resolución aboca prácticamente al cierre a una empresa en preconcurso de acreedores, con una petición de embargo por parte de sus trabajadores, que ha visto cómo en los últimos tiempos han mermado sus ingresos, en parte ante la prohibición de seguir recibiendo basura de los pueblos de la Vega Baja que depositaban allí sus residuos.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, basa su resolución en dos informes técnicos fechados los días 22 de julio y 25 de septiembre, en los que se establece que «no hay un avance adecuado de la ejecución del proyecto de restauración». Su inicio se retrasa ya en dos años y no hay forma de cumplir los plazos que se dieron como una de las condiciones para autorizar la ampliación del vertido -de 140.800 metros cúbicos a 459.820-. Proambiente tendría que haber puesto en marcha en el 2013 una actuación valorada en 3,3 millones de euros a desarrollar en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Sierra de Abanilla en cinco años, además de la adquisición de 40 hectáreas de Terreno que debían cederse a la Región de Murcia además de tratamientos selvícolas con una duración de casi cuatro años.

La decisión se adopta después de que la mercantil pidiera, el pasado 10 de septiembre a la Dirección General, que asumiera la extracción y gestión de lixiviados del proyecto de restauración al verse imposibilitada para ello «a causa de la desaparición de sus fuentes de ingresos y de la situación económico-financiera por la que está atravesando», un estado que le ha impedido cumplir con los requisitos para el proyecto de ampliación del vaso 3, unido al cese de la actividad de la planta de tratamiento de residuos desde el mes de julio. Así Evaluación Ambiental considera que la gestión de los lixiviados no puede separarse del resto de actuaciones previstas para la restauración, motivo principal para revocar la Autorización Ambiental Integrada. Con carácter inmediato se solicitará la realización de inspecciones para inventariar las instalaciones y equipos instalados en el vertedero para tratar los líquidos y gases, sistemas de recogida de pluviales que tengan en marcha y control de aguas subterráneas, un informe que establezca el nivel de lixiviados de los pozos de extracción así como el almacenado en balsas. Asimismo se pide a Proambiente que presente información de la salida de camiones con estos desperdicios durante los últimos tres años, especificando tanto los datos del transportista como los lugares a los que se destinaron y el tratamiento que se le dio.

Respecto a la incautación de las fianzas para garantizar la ejecución de la restauración, la Comunidad de Murcia aceptó como garantía una hipoteca unilateral otorgada por Proambiente a favor de la Consejería de Presidencia que incluye 35 viviendas y fincas de Fortuna cuyo valor debe garantizar la ejecución de la restauración del paraje La Solana, valorada en 3.305.993,08 euros.

No obstante la vía administrativa aún no ha terminado, y ante la medida adoptada por la administración murciana se puede interponer recurso de alzada por parte de Proambiente en el plazo de un mes. En la empresa ayer se intentaban digerir las últimas noticias, aunque el portavoz de la mercantil, consultado por este diario, no adelantó cuál será la postura al respecto del consejo de administración.

Todo esto ocurre sin que la Generalitat Valenciana se haya manifestado acerca de los problemas ocasionados en Orihuela por la planta. En el año 2012 el Ayuntamiento oriolano advirtió de la presencia de instalaciones en el término municipal y cerró la puerta de acceso a los camiones por la pedanía de La Murada. Con un proceso judicial abierto desde hace un par de años por los enterramientos de residuos en terrenos cercanos al vertedero, tampoco se sabe nada de la retirada de los lixiviados que emanan en fincas colindantes a la planta y que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la plataforma Vertivega.