La asociación de vecinos alega contra la subida de la tasa del agua

La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel ha presentado un total de quince alegaciones en contra de la subida lineal del 3% en todos los conceptos del recibo del agua y alcantarillado, aprobada por el gobierno municipal el pasado 18 de agosto a propuesta de la empresa. El colectivo recordó en un comunicado que «el pretexto esgrimido por la concesionaria ha sido el aumento del precio del agua en 4,7 céntimos por metro cúbico por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Pero lo que se desprende de la lectura del expediente es que la empresa lo que quiere es paliar con la subida un supuesto déficit de la concesión del año pasado».

La asociación objeta, entre otras cuestiones, que una subida del precio del agua en alta de este calibre, pues supone un montante aproximado de 29.500 euros anuales, «no pone en riesgo el equilibrio de la concesión y que, el supuesto déficit de 2014, no está demostrado ya que falta en el expediente el informe del estado económico financiero actualizado de la explotación, al que hace referencia el anexo de la propuesta de la empresa». Además desde la asociación que preside Manuel Gómez precisaron que en los contratos del sector público «prima el principio de riesgo y ventura sobre cualquier otro».

Además de estas cuestiones los vecinos destacaron que existen otras circunstancias en el expediente «que a nuestro juicio lo invalidan» ya que han detectado anomalías en el mismo como son la carencia de un índice, la falta de numeración de las páginas o la del anexo tercero en la propuesta de la empresa. Asimismo indicaron que en él hay hojas sueltas sin referenciar y un informe de los técnicos «sobre una propuesta fallida de la empresa, al haber sido retirada por la misma» o la aplicación al alza del IPC en la fórmula de revisión de los precios «cuando este indicador ha sido negativo en 2014 y en 2015».

Por último la asociación en su escrito manifestó «que la falta de rigor, que se evidencia en el expediente, supone una total y absoluta falta de respeto a la ciudadanía y a la defensa de sus intereses, objetivo que se supone debe de imperar en la acción del gobierno municipal».