El Consell urge a los consistorios a que fijen este mes la ubicación de la planta de basura

La constitución del Consorcio de Residuos de la Zona A6 se desarrolló ayer con gran consenso entre alcaldes y concejales de diferente signo político, aunque no se puso encima de la mesa una ubicación para crear una planta de transferencia. Esta instalación urge para rebajar el precio de la basura y para unificar la tarifa para las alrededor de 200 toneladas que se reparten entre los vertederos de Villena y Jijona a diario. El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, instó a los municipios a que expongan antes de que finalice el mes una propuesta para acoger la estación de tránsito donde se embalen los residuos de la Vega Baja.

El palacio de la Diputación Provincial acogió a los representantes de las 27 poblaciones de la actual legislatura donde el PSOE cuenta con la mayoría de votos, gracias a que gobierna en más y en la Conselleria de Medio Ambiente. El alcalde de Rafal y diputado autonómico, Manuel Pineda, consiguió por unanimidad la presidencia y se rodea de personas afines en la junta de gobierno del Consorcio con los diputados provinciales Fanny Serrano y José Joaquín Hernández, además de Antonio Pérez, alcalde de Rojales. La cuarta vicepresidencia es para el primer edil redovanense Emilio Fernández, mientras que los cargos de vocales de la comisión de gobierno son para Beatriz Nadal de Cox, Enrique López (Albatera), Antonio Bernabé de Benejúzar y Damián Sabater de San Isidro.

Constituido el órgano de gobierno Pineda instó a a atajar «la situación de emergencia de la planta de transferencia». No obstante, los propios alcaldes consideran que es necesario darle un lavado de cara a la estación de transferencia «porque no es un vertedero». La opción de San Miguel de Salinas queda diluida según aseguró su alcalde, Ángel Sáez. Ahora queda pendiente conocer si la empresa de Torrevieja que ha solicitado un permiso municipal para abrir un almacén de este tipo podrá contar con él. El diputado provincial, Javier Sendra, aseguró que para disponer de una planta de estas características «solo es necesario un permiso del Ayuntamiento, cuatro paredes y un suelo».

Así de simple mostró la solución transitoria que abarataría los costes de transporte de las cientos de toneladas que se generan al día en la comarca. Álvaro recordó que durante la reunión que mantuvo con alcaldes y con el diputado provincial de Medio Ambiente se acordó que «dentro de este mes de octubre debía estar resuelta la ubicación de la planta de transferencia, pero en estos momentos la clave se encuentra en que la instalación esté lista para entrar en servicio cuanto antes». El responsable del Consell advirtió que «la prioridad es encontrar una nave construida», por ello se baraja la posibilidad de Torrevieja. En este sentido, desde Medio Ambiente aseguran que «la Generalitat no forzará a que se diga un nombre en concreto», cuando salió la posibilidad de que San Miguel de Salinas acogiera este servicio. Almoradí también se presentó como voluntario pero la presión de los empresarios instalados en el polígono industrial, postulados en contra de la planta, obligó al bipartito a descartar esta opción.

El diputado provincial de Medio Ambiente, Javier Sendra, solicitó que las reuniones del Consorcio se celebrasen en el Ayuntamiento de Rafal u otro de la Vega Baja ahora que la presidencia recae en el representante de este municipio. Así las indemnizaciones por acudir a las comisiones o juntas de gobierno no tendrían que ser de 200 y de 300 euros respectivamente. La concejal Fanny Serrano se opuso a esta medida y el secretario dijo que para llevar a cabo esta propuesta habría que cambiar los estatutos.