El riego tradicional reclama inversión que permita modernizar la huerta

Continuar con la labor emprendida hace años para modernizar la huerta con sistemas como el del riego localizado, que permite ahorrar importantes cantidades de agua, y hacerlo con fórmulas que permitan que no se dependa únicamente de la energía eléctrica, son algunos de los objetivos marcados ayer por los representantes de los 30.000 regantes tradicionales de la Vega Baja. Reunidos en el Juzgado de Aguas de Orihuela, los agricultores recibieron al secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Julià Álvaro, y al director general del Agua, Manuel Aldeguer, ante quienes manifestaron sus peticiones e inquietudes. Entre otras cosas, el juez de Aguas, Manuel Larrosa, reclamó el apoyo a la Generalitat para conseguir un cambio en el Real Decreto de Sequía de forma que éste modifique las atribuciones que se dan a la Confederación Hidrográfica para variar concesiones y usos de agua de manera que solo puedan aplicarse a los agricultores que estén en situación de sequía «sin alterar los derechos ni títulos de competencia a quienes no estén en esta situación».

Los agricultores reclamaron asimismo, como lo han hecho en las últimas semanas, diálogo para llegar a acuerdos sin necesidad de imponer nada a nadie, algo que Álvaro consideró que debería ser lo normal al tiempo que planteó la necesidad de que todos estén atentos «para que algo así no vuelva a pasar», en relación a la apertura de pozos de sequía y la deriva de los caudales sin contar con sus beneficiarios. El secretario autonómico se alegró de que el Gobierno diera marcha atrás, que en diciembre se cierren los pozos, y consideró que el quitar agua de un subsistema para llevarlo a otro, en este caso el Trasvase, sin hacer las consultas necesarias habría sido un precedente negativo, algo en lo que el Juez de Aguas fue más allá y aseguró que habría supuesto la práctica desaparición de la huerta tradicional al verse obligados a regar con agua extremadamente salina que en ocasiones incluso echa a perder las cosechas.

Logrado el cierre de los pozos la intención es que se siga apoyando desde Valencia la modernización así como el fomento de la creación de centrales de compra, marcas de calidad y que la comercialización de los productos se haga de forma agrupada. «Muchas líneas de trabajo abiertas y por abrir para la que se necesita mucha ayuda de la administración», dijo el juez de aguas. En sintonía con esta línea se manifestó el secretario autonómico, quien quiso tranquilizar a los regantes «porque parece que lo verde y la agricultura están en una situación de conflictividad y es más bien al revés», al tiempo que recordó que hay que trabajar en una gestión que genere los menores gases efecto invernadero posibles así como tener en cuenta el uso de fertilizantes tanto como la calidad del agua. «Estoy convencido de que el primer ecologista es el agricultor que trabaja la tierra día a día», y se puso a disposición de los regantes para cualquier cosa que necesiten. De momento indicó que la conselleria va a aumentar en un 5% su presupuesto de inversión de cara al año que viene, y afirmó que es imprescindible la inversión en modernización «porque tenemos que ir a un modelo que evolucione».

Por su parte el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, Rafael Almagro, disculpó al alcalde por no poder acudir a este acto y recordó otros asuntos pendientes como la declaración del Juzgado de Aguas como Tribunal Consuetudinario y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y fue el único que habló de interconexión entre cuencas. En este sentido Julià Álvaro dijo al acabar que la declaración de Tribunal Consuetudinario como ya lo son los de Las Aguas de Valencia y Hombres Buenos de Murcia es un reconocimiento de justicia y que se va a estudiar esa declaración que se han encontrado al llegar al gobierno autonómico.

Al término de las intervenciones se dio la palabra a los asistentes, algunos de los cuales quisieron reflexionar y pedir atención en algunos casos al responsable autonómico. El juez de Aguas de Almoradí, Carlos Valera, manifestó la insatisfacción de los regantes tras el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, «porque no vamos a consentir que nos falten al respeto», afirmó en relación al trato dado por la CHS «que ha faltado a nuestra dignidad y principios con escritos descalificadores». José Andújar, presidente de Riegos de Levante Margen Derecha pidió que los 30 hectómetros cúbicos trasvasados de agua desalinizada que van a ir a La Pedrera se analicen para conocer la calidad de ese agua, y reclamó la presencia de la Generalitat en las instituciones del agua con sede en Murcia «porque si no Alicante desaparece».

El presidente de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Daya Vieja, José González, solicitó ayuda para aprovechar al máximo y reutilizar las aguas en el campo y planteó el problema de la atomización cada vez mayor de propiedades en la comarca. Así consideró necesario trabajar en torno a la creación de proyectos en los que los agricultores trabajen en común para sacar el mayor beneficio posible, sistemas que afirmó que se han puesto en marcha en comunidades como Cataluña con éxito. Julià Álvaro se comprometió tanto a realizar esos análisis al agua de desalinizadora que vaya a parar a La Pedrera y a buscar las fórmulas para crear esa cooperación entre agricultores.