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Fernando Amat
Lunes, 23 de noviembre 2015, 00:58
Ya ha pasado un mes desde que el Consorcio de residuos de la Vega Baja se constituyera de forma oficial, y dos desde el cierre del vertedero de Crevillente. Sesenta días después las soluciones para derivar la basura de la comarca a vertederos de la provincia o de Valencia escasean. Los nuevos responsables del consorcio comarcal van con pies de plomo mientras que cargos populares, e incluso alcaldes socialistas, reclaman más urgencia para que los camiones de recogida no gasten más gasolina de la habitual.
La eliminación de cada tonelada de basura se ha encarecido desde septiembre y no hay luz para desenmarañar el proceso administrativo más longevo y que trae de cabeza a toda la comarca, sobre todo ahora que se paga más caro el no haber hecho los deberes a tiempo. La comisión de gobierno del Consorcio de la Zona 11 A6, correspondiente a los 27 municipios del sur, todavía no ha despejado las incógnitas, y quiere basar toda su fuerza de gestión en informes jurídicos que no dejen espacio a la duda, ni a los recursos. Cabe recordar que las anteriores tentativas de vertederos, en Torremendo, Albatera o estaciones de transferencia se diluyeron por movimientos sociales y luchas judiciales. Los actuales dirigentes no quieren dejar pie a la reclamación y buscan, en primer lugar determinar en qué situación jurídica se encuentra la rescisión del anterior contrato a Cespa-Ortiz, una empresa que no se tomó a buenas a el portazo en la cara que le dio Luisa Pastor y los anteriores miembros del Consorcio. La UTE ha peleado con todas sus fuerzas el contrato millonario en los juzgados y también ha persistido en la tramitación, como si no hubiera ocurrido nada, puesto que sigue con gestiones en la Conselleria de Medio Ambiente.
En cuanto a la solución transitoria, que solo serviría mientras se elabora un Plan Zonal que resuelva la cuestión al menos para una década, tampoco se ha determinado una ubicación. Desde la dirección general de Calidad Ambiental se urgió decidir un emplazamiento, pero el Consorcio prefiere abrir un concurso urgente que determine qué lugar es el más idóneo para establecer una planta de empaquetado de desechos y evitar que cientos de pequeños camiones suban hasta el vertedero de Piedras Negras, en Jijona.
Ofertas serias han salido de Almoradí y Benijófar, dos plazas ubicadas en el centro de la comarca y desde donde se podría operar la salida de los residuos en camiones de gran tonelaje. Todavía queda por dilucidar si los solares que se ofrecen cumplen con los requisitos legales. Para ello se necesita otro informe jurídico que avale un futuro concurso público con el que ceder a una empresa la gestión del embalado y posterior envío de la basura que se genera a diario, o incluso dirimir si haría falta una segunda planta de transferencia durante los meses de verano al triplicarse la población en las zonas costeras.
Benijófar se lanzó a la primera de cambio y ofreció su polígono industrial, ubicado junto a la AP-37. La zona más despoblada y con poca industrialización beneficiaría un posible rechazo social, aunque se debería construir una nave para la recepción de los residuos. Por otra parte, Almoradí también ha pujado fuerte al considerar que tiene espacio en el mejor nudo de comunicaciones de la comarca. Se trata del entorno del mercadillo El Zoco, un espacio donde confluyen la salida de la AP-37, la carretera que conecta con San Miguel de Salinas, y la circunvalación que recoge todo el tráfico de las urbanizaciones de Rojales y Torrevieja.
La baremación para el terreno almoradidense sobre la ubicación tiene un diez, si bien su nota media baja porque no es suelo calificado como industrial. El Consistorio ya trabaja mano a mano con la Conselleria para tramitar una licencia que abra el paso a una futura actividad industrial en este enclave. Sin ir más lejos existe una planta de hormigón a escasos metros. Por su parte, Orihuela que cuenta con el término municipal más extenso no ha realizado ninguna oferta sobre esta cuestión.
En la parte contraria se colocan los ciudadanos de L'Alacantí, y de manera más directa los habitantes de Jijona. La alcaldesa del municipio y la presidenta del Consorcio de esta comarca, Isabel López, comparte la urgencia por establecer un punto de referencia para embalar la basura, pero comprende que el problema que arrastra la Vega Baja con el Caso Brugal de por medio, «no se puede arreglar en cinco minutos lo que no se ha hecho en años».
Para la socialista no tiene sentido que la basura corra de un punto a otro de la Comunitat Valenciana, como tampoco de lado a lado de la provincia, como ocurre en la actualidad desde que se reorganizara la recogida. En Jijona recibían una menor cuota de basura con la apertura de nuevas plantas de tratamiento después de muchos años, pero con el cierre de Abornasa han vuelto a llegar casi al máximo del cupo que tiene la planta de este municipio. El retraso en dar solución al Plan Zonal de la Vega también ha repercutido otras comarcas como la que lidera Villena, donde la tonelada se encarece y donde aceptan más cuota puesto que es una planta de gestión pública.
Por su parte, la alcaldesa jijonenca considera que «la Vega Baja no tendrá aprobado un pliego hasta que pasen unos meses, pero a corto plazo necesita una solución, una o incluso dos plantas de transferencias». El reparto actual de basura con camiones por carreteras principales de acceso al municipio y la posible colmatación del vaso del vertedero son cuestiones que afectan a los vecinos de Jijona.
La crisis iniciada en el sur de la provincia ha afectado a esta planta que ha recibido durante años el tope anual de toneladas que podía asumir. «El año pasado la cuota estuvo por debajo y este año si no hubiera cambiado también», comenta la presidenta del Consorcio. Por el momento no pueden calcular si la cuota se ha excedido. En cualquier caso en Jijona se sienten solidarios, pero consideran que la prioridad se deben anteponer y que desde el Consell se debe tutelar más el proceso para evitar la arbitrariedad de los ayuntamientos.
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