La juez abre juicio oral contra Ferrando por las contrataciones de Fitur del 2008 al 2011

Los presuntos fraccionamientos de pago en las contrataciones del montaje del expositor con el que el Ayuntamiento de Orihuela estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre los años 2008 y 2011 así como en una edición de la Feria de Turismo de la Comunitat Valenciana llegan a juicio. La titular de Instrucción 3 de Orihuela dictó el 16 de noviembre un auto en el que accede a la petición del Ministerio Fiscal de abrir juicio oral contra la concejal Pepa Ferrando, que ostentó la cartera de Cultura y Turismo con el Partido Popular en el mandato 2007-2011 y los responsables de las nueve mercantiles con las que se contrataron los servicios (Rótulos y Componentes 2002; Mare Stand; Exporigging; Equipamiento Integral para Stand Molinos; Benabarra Audiovideo; Mojaia 2001; Octopus Events; Ecothink e Intermedio Montajes).

Ferrando se enfrenta a una acusación por cuatro delitos de prevaricación administrativa y otros tantos de fraude por supuestas irregularidades en la adjudicación de los servicios de montaje del stand de Fitur entre los años señalados así como en la TGV del 2011 y un delito de prevaricación administrativa «por las irregularidades en la asignación a favor de la entidad 9,9 Branding Comunication de los servicios relativos al suministro de material de promoción de Orihuela para su uso y distribución durante la Feria de Turismo del año 2011 así como para la promoción en general de Orihuela», indica el auto.

En el informe emitido por el grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y que forma parte de las diligencias previas se acusa a la expopular de fragmentar los contratos entre estas mercantiles para evitar sacar a concurso público su adjudicación, pagando en algunos casos una cantidad por el montaje del expositor que variaba al siguiente ejercicio pese a que tal y como se indica en los informes, la apariencia del espacio destinado al municipio en la feria fue prácticamente el mismo. Así, se destaca que en el 2008 el Ayuntamiento contrató a Mare Stand para la colocación, transporte, montaje y almacenaje de un olivo tipo bonsai' 7.123 euros; a Exporigging la colocación de tela y material para iluminar el stand y el olivo por 10.336 euros y a Stand Molinos el suelo y la estructura base del mismo espacio por 10.344 euros, por lo que se contrataron tres servicios distintos de suministros para un mismo expositor a empresas de la misma persona, pues era Mercedes Lasa la apoderada en todos los casos y Ainhoa y Javier Molinos los administradores, mercantiles que cobraron en total 27.804 euros, una cantidad que de haberse agrupado habría propiciado sacar a concurso público el servicio.

Según los investigadores, la historia se repitió en el año 2009, en esta ocasión con la contratación de Rótulos y Componentes para lonas y rotulación del stand por 15.092 euros; Mare Stand para colocar el mobiliario por un importe de 15.517 euros -empresa cuyo objeto social es la compraventa de viviendas-; también se encargó mobiliario a Stand Molinos por 15.431 euros y rotulación a Mojaia 2001, lo que llama la atención de la Policía Nacional por duplicarse los conceptos además que de sumarse superarían de nuevo la cantidad necesaria para tener que sacar a licitación pública. Lo mismo ocurrió en el 2010 y el 2011.

Al margen de las contrataciones, las facturas se presentaron el mismo día, algo que en su momento hizo sospechar al equipo de gobierno que relevó al PP, compuesto por PSOE y Los Verdes, y que denunció en bloque ante la Fiscalía Anticorrupción el asunto que dio pie a toda la investigación. Para la Policía Nacional, al margen de la coincidencia en los conceptos de algunas facturas, llamó la atención que en los años 2009 y 2010 las facturas, realizadas por las mismas empresas que se repartieron la instalación y el montaje, tienen precios distintos pese a que demuestran con imágenes que el expositor «fue casi idéntico», con variaciones de precio que en algunos casi alcanzan casi el 50%.

Todo esto llevó al fiscal a solicitar una apertura de juicio que la magistrada no solo acepta sino que además marca una serie de fianzas que los acusados deben aportar, bien ellos o bien las mercantiles como responsables civiles subsidiarias. En total las fianzas suman 423.075 euros, siendo la más cuantiosa la que se fija para Pepa Ferrando, Javier Molinos y Mercedes Lasa, para los que se fija un total de 153.515,74 euros. Por su parte las acusaciones exigen una indeminzación a favor del Ayuntamiento de Orihuela por el montaje de los stand de Fitur de los años 2008 a 2011 y el de la TCV de ese último año por casi 150.000 euros.