El Consistorio pedirá al Consell la devolución de los antiguos juzgados al no dar uso al inmueble

El equipo de gobierno del Partido Popular parece haber encontrado la fórmula para poner fin a una situación que se ha enquistado a los diferentes gobiernos municipales como es la cesión por parte de la Generalitat del edificio de los antiguos juzgados en la calle Santa Justa, un litigio que vuelve a la actualidad de cuando en cuando y sigue sin vías de solución por la falta de acuerdo entre ambas administraciones.

El alcalde, Emilio Bascuñana, compareció ayer con el primer teniente de alcalde y responsable de Patrimonio, Rafael Almagro, para dar cuenta de la medida que piensan tomar para hacer ver al Consell que el abandonado Palacio de Justicia es hora de que vuelva a pasar a manos del municipio. Bascuñana anunció que el próximo martes la Junta de Gobierno Local aprobará el inicio de un expediente para solicitar la reversión del inmueble a la conselleria. El primer edil aseguró que «estamos en condiciones de reclamarlo» y argumentó que han sido los técnicos y los servicios jurídicos municipales los que han propuesto una medida como esta «basándonos en que la donación del suelo que se hizo en su momento estaba destinado a un uso determinado como es el de acoger los juzgados y pasan los años y el inmueble no se destina a esto». El mandatario municipal reconoció que «a todos los gobiernos de este Ayuntamiento nos ha preocupado la permuta y es un asunto que tenemos pendiente por lo que desde el primer momento nos pusimos a trabajar para lograr que se reconozcan nuestros derechos». Bascuñana dijo que ha habido conversaciones que hasta ahora han sido infructuosas «por llamarlas conversaciones porque negociación no es el término adecuado» y aseguró que hay sentencias judiciales que avalan esta fórmula, algunas del Tribunal Supremo, «y pedir la reversión por no dedicarse el edificio a su uso original es una fórmula legal más favorable que la permuta». Así aseguró el alcalde que ambos edificios serían de titularidad municipal, tanto el de Santa Justa como los nuevos de Santa Lucía. También detalló que la incoación de ese expediente supone dar audiencia a la Generalitat para que alegue «pero nosotros tenemos la obligación de considerar que es un derecho de Orihuela contar con ese edificio y disponer de él». El proceso, detalló, supone que la reversión se motiva en «un incumplimiento del destino para el que se creó el edificio» ya que el primer edil aclaró que el argumento jurídico se conoce como donación modal, esto es, se cede el suelo para la construcción de unas instalaciones con un uso determinado y que si este cesa con el paso del tiempo se puede reclamar por parte del Ayuntamiento la titularidad. De igual modo el alcalde narró las vicisitudes de la antigua sede y la nueva desde la cesión en 1971 del suelo al Ministerio de Justicia o el traspaso de las competencias a la Generalitat en 1995. Así llegó hasta la actualidad con los intentos de la entonces primer teniente de alcalde en la pasada legislatura, Antonia Moreno, de alentar un desahucio de los juzgados actuales o diversas propuestas de convenios «que han quedado en agua de borrajas pero nunca se había barajado la posibilidad de la reversión». Pese a este modelo Bascuñana aclaró que no se renunciará a recibir las cantidades adeudadas por la construcción del Palacio de Justicia en Santa Lucía ni tampoco por su uso.