Zapata pide al PP que agilice las multas contra el vertedero de Proambiente

El concejal del PSOE Antonio Zapata instó ayer a que el equipo de gobierno popular actúe contra la mercantil Proambiente y el vertedero de La Murada «como están haciendo otras administraciones» ya que recordó que la Consejería de Medio Ambiente de Murcia está personada en los juzgados de Cieza en el proceso que se sigue contra la empresa por delito medioambiental.

El representante de la oposición quiso recordar que la mercantil de la familia Fenoll ha presentado un concurso de acreedores «y seguramente terminemos por comprobar cómo de poder conseguir que quien contaminó pague la empresa desaparezca con total impunidad». Ante este hecho el socialista reclamó que se reactiven los nueve expedientes sancionadores que el Ayuntamiento abrió la pasada legislatura contra Proambiente y que suponían hasta un total de 2,7 millones de euros «un dinero con el que se pueden acometer actuaciones para la restauración medioambiental de la sierra».

Así dijo que el Consistorio oriolano debe personarse en el proceso de liquidación de la empresa y reclamar en esta fase el coste y reparación de esa rehabilitación.

El concejal socialista pidió además que se iniciaran de inmediato acciones penales contra los responsables de la mercantil «ante la posibilidad de que de que queden impunes quienes han cometido presuntamente el mayor delito medioambiental de España y seguramente de la Unión Europea». Zapata dijo asimismo que «basta ya del inmovilismo del alcalde y de su equipo de gobierno ante un problema que se antoja bastante peligroso» ya que precisó que los vertidos acumulados en el vertedero «sin ningún tipo de control están generando gas metano que si no es extraído y controlado pueden convertir aquel paraje y La Murada en un auténtico polvorín de consecuencias inabarcables».

Aprovechó también el edil la ocasión para destacar que la Región de Murcia ha destinado 5,1 millones para restaurar la parte de Abanilla «mientras todavía sigue pendiente que Orihuela actúe máxime cuando fue el propio PP quien dejó crecer este monstruo con sus gobiernos».

De igual modo reclamó el cierre cautelar y la suspensión de la actividad de Residuos Sólidos Álvarez «si realmente se están realizando las actividades que se denuncian por Greenpeace sin tener licencia o autorización ambiental para ello» y dijo que el alcalde, Emilio Bascuñana, es conocedor de estos hechos desde principios de mes «pero mirar para otro lado es ser cómplice de ilegalidades e irregularidades, lo que conlleva responsabilidades políticas y jurídicas».