La Generalitat apuesta por el diálogo para eludir el litigio por los juzgados

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, realizó una visita a la sede de los socialistas oriolanos para mantener un encuentro con militantes y simpatizantes en los que explicó cuestiones relacionadas con la labor de gobierno del Consell en estos meses y las acciones que pretender abordar en los siguientes.

Antes la titular de Justicia tuvo tiempo de repasar uno de los temas que tiene pendientes el ejecutivo de Ximo Puig con el Ayuntamiento oriolano como es la divergencia que mantienen con los antiguos juzgados para los que el equipo de gobierno del PP ha pedido la reversión a titularidad municipal por haberse extinguido el plazo de uso del inmueble. Bravo dijo que el proceso se encuentra en proceso de resolución y que la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de hacienda sí ha presentado sus alegaciones al expediente abierto por el Consistorio pese a que el edil de Hacienda, Rafael Almagro dijo la semana pasada que no se habían producido.

La responsable autonómica abogó porque la solución pase por el diálogo entre ambas administraciones y puso como ejemplo que se han dado los pasos en Alcoy en una situación similar por lo que esperó que no se vaya a vía judicial «porque se puede tardar años y nuestra intención es solventar las cuestiones y que las relaciones sean fluidas». De igual modo dijo que «el problema debería haberse resuelto hace años y que no entendía cómo no se fijaron las obligaciones de cada unas de las administraciones en el convenio por el cual el Consistorio sufragó la construcción del nuevo Palacio de Justicia, documento que tildó de «sin valor por las condiciones demasiados genéricas del mismo».

De este modo se comprometió a resolver el litigio y que la Generalitat tiene intención de asumir el valor por el que se tasen en la comisión técnica que articularán ambas administraciones «porque hay que buscar una solución que no lesione los intereses de Orihuela».

Sobre la reversión insistió en que no se sustenta desde el punto de vista legal de ahí que la titular autonómica cree que esa comisión desatascará las opiniones enfrentadas, una mesa técnica en la que quiere que haya expertos independientes también «porque la solución extrajudicial siempre será mejor y más rápida», reiteró. Bravo asimismo adelantó que tiene intención de hacer una visita institucional el mes que viene a la ciudad para visitar los juzgados y reunirse con el alcalde para abordar esta cuestión.

De igual modo abundó en el colapso judicial de la Vega Baja y dijo que la culpa fue del anterior Consell que no activó los nuevos juzgados concedidos por el ministerio, una tema que quiere abordar en cuando haya un Gobierno que no esté en funciones «porque somos conscientes de la carga de trabajo que soportan». Así dijo que confía en que Orihuela cuente con uno nuevo de Penal y que en Torrevieja también es necesario ampliar los medios judiciales.

Por otro lado el alcalde, Emilio Bascuñana, valoró la visita de la consellera y dijo que ayer no se pudieron ver por problemas de agenda. El primer edil sostuvo que al Ayuntamiento también le interesa la celeridad para desatascar esta cuestión y que esa mesa de representantes de ambas administraciones encuentren la mejor de las soluciones en un plazo que estimó en torno a las cuatro semanas.