El PP y C's logran desatascar con su alianza el Reglamento de Participación Ciudadana

Los vecinos del municipio contarán con un Reglamento de Participación Ciudadana que regulará las relaciones entre estos y la administración local. El documento es fruto del trabajo realizado por el Partido Popular y su aliado Ciudadanos y consigue desatascar una cuestión que está pendiente desde la pasada legislatura cuando Orihuela alcanzó el estatus de Municipio de Gran Población, del que emana el reglamento.

El alcalde, Emilio Bascuñana, el portavoz de C's, Juan Ignacio López-Bas, y la concejal responsable del área de Participación Ciudadana, Sabina Galindo, dieron cuenta de algunos de los pormenores del mismo tras la comisión en la que se dictaminó de forma favorable con los votos de ambas formaciones el texto que hoy aprobará el Pleno, que se retransmitirá por la web municipal. La propuesta tuvo la abstención de los socialistas y Foro Demócrata, mientras que Cambiemos votó en contra del texto.

El representante de la formación naranja fue el más prolijo a la hora de dar detalles del mismo y dijo que «pretende impulsar la participación activa de los vecinos en la vida política, económica, cultural y social del municipio». Los aspectos principales del documento se sustentan en tres ejes como es la división del término municipal en distritos, la creación de la figura del Defensor del Ciudadano y permitirá articular consejos sectoriales sobre diversos aspectos que atañen a la vida del municipio.

López-Bas dijo que serán once, y que el objetivo es que el reglamento pueda ser una realidad en todo su desarrollo a finales de año ya que debe pasar los trámites de alegaciones, su resolución y de nuevo el Pleno lo refrende para que en un plazo de seis meses pueda empezar a utilizarse «con el objetivo de organizar la ciudad y su funcionamiento para facilitar la participación de los vecinos».

Sobre la nueva división territorial el portavoz de C's dijo que contempla que el casco urbano, Escorratel y la Media Legua, por ser las pedanías más próximas al centro, formen los cuatro primeros. Un quinto lo forman La Murada, Barbarroja y La Matanza mientras que el sexto abarca La Aparecida y los dos Raigueros. Camino de Beniel forma junto a Desamparados el séptimo y el octavo integra a Hurchillo, Arneva y Torremendo. El noveno se deja para La Campaneta, Correntías y San Bartolomé y los dos restantes corresponden a la división de la zona costera.

López-Bas dijo que la división corresponde a criterios territoriales y electorales con el ánimo de hacer que los vecinos que sean residentes además se integren en el censo electoral y abundó en que esta distribución en distritos permite que funcionen como «órganos de gestión desconcentrada bajo la figura de la Junta de Distrito para impulsar y desarrollar la participación ciudadana». Así precisó que esta tendrá como objetivo principal «canalizar las propuestas ciudadanas en asuntos públicos o propios del distrito, así como controlar la gestión municipal». Cada una se reunirá tres veces al año aunque podrá decidir de forma autónoma hacer más. Estará compuesta por once miembros que serán elegidos democráticamente cada cuatro años en unas elecciones de distrito y la presidencia del órgano recaerá en un miembro de la Corporación nombrado por el alcalde.

El reglamento no solo contempla cuestiones que tienen que ver con la nueva división territorial en distritos puesto que también desarrollará la figura del Defensor del Ciudadano. López-Bas avanzó que tiene como objetivo velar por los derechos de los vecinos en sus relaciones con la administración local. Será un cargo sin remuneración económica y será designado por el Pleno a propuesta del alcalde. Este no tendrá responsabilidades en materia de supervisión política o del personal municipal pero sí estará facultado para tramitar sugerencias o reclamaciones vecinales e incluso podrá elevar estas a instancias como el Sindico de Agravios. A este respecto el primer dijo que la figura se quiere que la desempeñe «una persona con relevancia social en Orihuela, que sea conocida y tenga cierta autoridad moral para desempeñar esta labor».

El tercer puntal que recoge el reglamento es la puesta en marcha del Consejo Social de la Ciudad. Se trata de un órgano consultivo que podrá emitir informes o propuestas en materia de desarrollo económico, planificación estratégica o proyectos, y que estará compuesto por representantes de asociaciones y colectivos de la localidad como la Junta Mayor de la Semana Santa, los Moros y Cristianos, el Colegio de Abogados, del Juzgado de Aguas y otros, según explicó el concejal de Ciudadanos. Otros epígrafes del reglamento contemplan una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones formada por ediles de los diversos grupos políticos para supervisar a la administración local y elaborar un informe anual que se elevará a Pleno; y también la creación de consejos sectoriales.

Por último López-Bas recalcó que con el tiempo se irá adaptando «a lo que la ciudadanía reclame» y también que es necesario acoplar las estructuras municipales al mismo. De igual modo defendió, como también hizo Bascuñana, que se trata de un instrumento de participación de los más completos que hay en España «porque apostamos por ella», finalizó el primer edil.