Fernando Amat
Jueves, 5 de mayo 2016, 01:22
La defensa de los concejales del PSOE de Benejúzar imputados por un presunto delito electoral ha recurrido el auto que promueve el procedimiento abreviado de la causa. Ésta trata de dirimir si los ediles del PSOE y algunos afines repartieron folletos del partido antes del periodo fijado por la Junta Electoral de Zona en las pasadas elecciones municipales.
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Los abogados del PSOE critican que «el auto carece de suficiente motivación al no existir ninguna conducta contraria a derecho, dado que los hechos denunciados no suponen un delito electoral», subrayan.
Con esta sencilla argumentación dirigen a la juez del Juzgado Número 3 oriolano en el recurso a las diligencias que prosiguen en la causa que presentaron el concejal popular Vicente Cases y el coordinador comarcal, Adrián Ballester. Estas acusaciones se realizaron durante la pasada campaña electoral. En estas mismas fechas el propio PSOE denunció por su parte al PP de cometer irregularidades con el voto por correo.
En su alegación se admite que se repartió publicidad pero «de forma exclusiva con una carta del candidato donde se daba a conocer y no se pedía expresamente el voto». Además, insisten en que el PP reconoce que no pedían el voto por lo que se reafirman en la tesis de que no existe delito electoral.
Así las cosas solicitan la «nulidad de pleno derecho del auto», mientras que el concejal Miguel López aclara que el citado auto «no decreta la apertura de juicio oral, sino que es una fase más dentro de las diligencias de investigación y que en sus determinará o no la apertura de juicio». Aún así, la titular del juzgado número 3 de Orihuela expresa en el citado escrito que «se desprende la existencia de indicios de la comisión de un delito electoral penado en el artículo 144 de la Ley Electoral».
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La defensa legal del PSOE mantiene que el nuevo proceso en el que ha entrado la investigación se dirige a «determinar el tipo de procedimiento a seguir y el juzgado competente para su enjuiciamiento y fallo». Por ello, entienden que «a día de hoy no existe acusación pública alguna por parte del ministerio fiscal y quedan los autos pendientes de la resolución de los recursos presentado por los letrados de la defensa».
Todos los miembros de la candidatura que conforman la parte acusada declararon hace unas semanas todo lo ocurrido en la noche donde se produjo la entrega de publicidad electoral. Tras revisar las declaraciones se dictó un auto para continuar la investigación judicial.
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