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Pilar M. Maciá
Sábado, 7 de mayo 2016, 00:39
Poco recorrido ha tenido la comisión de investigación que desde el Ayuntamiento, debía tratar la gestión de la empresa municipal Orihuela Cultural y si ha habido malas prácticas como el alcalde denunció hace apenas unas semanas culpando a los anteriores responsables municipales del PSOE. La creación de este órgano se aprobó en el Pleno del jueves 28 de abril a instancias de Ciudadanos, y la normativa marcaba que hoy debía constituirse y empezar a trabajar. Tal cual, concejales de PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos y Foro Demócrata acudieron a la cita para encontrarse con la sorpresa -los de la oposición-, que cinco minutos después se había amortizado la reunión y la misma comisión, puesto que tanto populares como ciudadanos la dejaron en suspenso, con sus votos, a la espera de que el juzgado determine si hubo algún tipo de delito.
El asunto aún no está en sede judicial, aunque el alcalde, Emilio Bascuñana, quien además fue elegido presidente de la efímera comisión con los votos de su partido y los de su socio de gobierno, tiene intención de llevarlo en lo que corresponde a las presuntas irregularidades detectadas en base a un informe solicitado a una empresa externa que determinó, entre otras cosas, la supuesta existencia de una caja b con más de 615.000 euros en la sociedad municipal. El portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, afirmó a este respecto que el primer edil manifestó su voluntad de convocar el consejo de administración de Orihuela Cultural para la próxima semana, y plantearle la posibilidad de llevar a Fiscalía el informe de Moore Setphens «y si el consejo vota que no, como alcalde se irá igualmente a la vía judicial», dijo el concejal, quien manifestó su desacuerdo con este hecho y con el que la comisión quedara en suspenso porque la intención de su grupo era no solo fiscalizar la gestión de la sociedad en los cuatro años de gobierno de verdes y socialistas, sino en los anteriores. A juicio de Bernabé, esto último provocaría «que se pudieran derivar responsabilidades políticas en miembros del PP», lo que considera que ha hecho dar marcha atrás al equipo de gobierno con la comisión. El edil criticó que el pasado jueves, cuando tuvo lugar el Pleno, «ya sabían que esto iba a ser así, pero querían el titular de prensa, querían que pareciera que les gusta la transparencia, para después llegar y acabar con la comisión». Así, indicó que no es de recibo, por ejemplo, que Ciudadanos votara ayer a favor de disolver algo que ese grupo propuso, y afirmó que el PP «va a llevar al juzgado la información que quiera, cuando se podría haber llamado a declarar en esa comisión al gerente de Orihuela Cultural, al alcalde o a gente del PP, que así se protegen, eludiendo la responsabilidad política».
Este tipo de comisiones municipales permiten llamar a declarar a cualquier persona que haya tenido relación con el asunto a tratar, bien sean funcionarios del Ayuntamiento o bien personas de fuera que tuvieran relación. En el caso de Orihuela Cultural podrían ser consejeros que ya no ejercen ese cargo, puesto que se renuevan cada mandato municipal, además de otros trabajadores municipales que desempeñaron labores en la sociedad. El caso es que la comisión está en suspenso pero convocada, por lo que podría volver a realizarse en caso de que se solicite, dado que tiene que ser el Pleno el que la disuelva definitivamente.
En el mismo sentido de Karlos Bernabé se pronunció la socialista Carmen Gutiérrez, quien consideró la maniobra de populares y ciudadanos como una «huida hacia adelante». Para la concejal, el objetivo de la comisión era conocer «lo ocurrido en veintidós años de gestión de Orihuela Cultural, y si la intención del alcalde era llevar al juzgado la gestión anterior ya llega tarde, porque debía haberlo hecho antes como hemos hecho nosotros cuando hemos tenido alguna sospecha». Tanto Gutiérrez como Bernabé apelaron al informe elaborado por el Interventor municipal y que prácticamente declaró nulo el encargado por la empresa externa considerando entre otras cosas que se usaba como arma política contra los anteriores responsables del Ayuntamiento y más en concreto del área de Cultura.
Por su parte, Emilio Bascuñana consideró que mantener la comisión con su trabajo «no tiene sentido, porque la intención es llevar al juzgado los hechos y que valore si puede haber delito», y comentó que acudirá a la Justicia una vez haya comunicado todo al consejo de administración de Orihuela Cultural. El alcalde indicó que lo importante de este asunto era «corregir las deficiencias que había, algo que se hizo nada más se detectaron», y que ahora es momento de investigar y determinar si los fallos fueron administrativos o si pudo haber otro tipo de irregularidades «para determinar si hay responsabilidad o no». El popular dijo que no le importa investigar unos u otros mandatos municipales, «solo queremos que se corrijan y se investiguen unos hechos».
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