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Pilar M. Maciá
Miércoles, 11 de mayo 2016, 01:33
La concejal Marta Guillén aprovechó que hoy estará de visita oficial por la ciudad la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para pedir a la Generalitat que puesto que hay voluntad de diálogo para acabar con un problema enquistado desde hace una década, como es la cesión al municipio del antiguo Palacio de Justicia de la Calle Santa Justa, se entreguen las llaves al Ayuntamiento para que pueda empezar a usarlo. Guillén consideró que se debe buscar la fórmula jurídica que permita el acceso al edificio «cuanto antes e independientemente de la solución final», algo que consideró «de sentido común» puesto que el Ayuntamiento gasta, como adelantó este diario el pasado lunes, más de medio millón de euros en alquileres de locales para la ubicación de oficinas y espacios municipales.
Guillén espera poder realizar hoy esa solicitud en persona a Bravo, aunque dudó puesto que no espera contar con demasiado tiempo para hablar con la responsable autonómica. En todo caso aseguró que la puesta en marcha de la comisión técnica formada por personal del Ayuntamiento y de la Generalitat puede ser el órgano con el que se ponga fin a un conflicto que se ha alargado ya mucho en el tiempo, lo que hace que el edificio también esté cada vez en peores condiciones.
Así, abogó por acabar con los «bloqueos legales y jurídicos» aunque también afirmó la edil que le da miedo que el Palacio de Justicia pase a manos municipales por si acaba como otros inmuebles de titularidad del Ayuntamiento en pésimas condiciones de conservación que necesitan de una inyección económica y que a su juicio también deberían servir para acoger dependencias y quitar alquileres. Guillén recordó dos de los casos más evidentes, los del Palacio Rubalcava y el Centro Cultural Miguel Hernández, pero mostró todo el listado de «edificios, algunos de los cuales están abandonados y otros se usan como almacenes». Esta relación dijo que debería estar colgada en la web del Consistorio, aunque en todo caso precisó que está en la de Cambiemos para cualquier ciudadano que la quiera consultar.
«Contamos con almacenes disgregados, locales que constan como almacenes, casas en estado de abandono e incluso solares», por lo que consideró que sería más beneficioso para las arcas públicas invertir en su recuperación para poder evitar alquileres «y se trata de un patrimonio que también tenemos que recuperar, por eso nos preocupa que el juzgado pase a engrosar esta lista».
Con respecto a los arrendamientos que mantiene el Ayuntamiento, la concejal consideró que existen «locales con precios desorbitados, por lo que hay margen para renegociarlos». A modo de ejemplo puso el bajo donde se ubica el Centro de Mayores Virgen de Monserrate, del que dijo que se pagan 130.000 euros al año, «pensamos que es un saqueo que se podría renegociar».
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