Los límites a la fiscalización de Intervención se aprueban con los únicos votos de PP y C's

La fiscalización previa limitada para el departamento municipal de Intervención quedó aprobada ayer en Pleno a la espera de saber cómo se hará efectiva, dudas que plantearon tanto la portavoz de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, como la del grupo Socialista, Carolina Gracia, quien preguntó si se ha hablado con los técnicos municipales para que sepan cómo tendrán que trabajar a partir de ahora y sobre todo «que deben asumir con su responsabilidad cualquier actividad que se lleve a cabo». PP y Ciudadanos mantuvieron sus argumentos y el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, fue especialmente duro con el atasco del área desde la llegada de su actual titular del que dijo «que para su desgracia y la nuestra no goza de muy buena salud». El funcionario está de baja desde el pasado martes, y Almagro señaló la silla vacía a su lado «que pleno tras pleno debería ocupar el interventor». Ante esto añadió que el Ayuntamiento «no puede seguir quieto ante esta circunstancia de colapso», y se lamentó de que no se satisfagan los pagos a tiempo cuando la caja está llena.

La portavoz de Foro Demócrata consideró que esa no es la mejor solución para el problema de Intervención y criticó que el equipo de gobierno «busque siempre un culpable de lo que ustedes hacen», por lo que instó al PP y a Ciudadanos a adoptar soluciones «rigurosas y que cumplan la ley». Tanto Ferrando como el PSOE argumentaron su negativa a la propuesta del alcalde por el hecho de que no cuenta con el informe de Intervención que la ley manda para este tipo de actos, lo mismo que motivó su negativa a aprobar las cuentas de las sociedades municipales. Cambiemos también se manifestó de forma negativa y la edil Marta Guillén recomendó que «se aprovechen los conocimientos del interventor», y que a su juicio se debería haber buscado el consenso para su redacción «si no estuviera marcada por el contexto de guerra abierta» entre gobierno y funcionario al tiempo que instó a acompañarla de más medios humanos y materiales al servicio.

Rafael Almagro no dio por válido el argumento de la falta de informe porque pasaron los diez días preceptivos mientras que López-Bas indicó que aunque hubiera diez personas más en Intervención, el sistema actual de fiscalización plena obligaría igualmente a que toda la documentación pase por el titular del área. Carolina Gracia, por su parte, sacó a relucir que el gobierno local haya adelantado la fiscalización previa y reveló que en la Junta de Gobierno del pasado martes se inició el proceso de licitación del contrato de socorrismo y salvamento «sin el informe de intervención».

Este fue el único punto del orden del día que dio paso al turno de las mociones, un total de nueve. No obstante el debate fue más ligero de lo habitual por el hecho de que solamente se usó un turno en cada una de ellas. Se aprobaron por unanimidad la del PSOE que pedía elaborar un proyecto de Ordenanza de Transparencia, la de apoyo a los colectivos antidesahucio que presentó MAH Orihuela y que recogió Cambiemos, la solicitud vecinal que transformó el PSOE en moción para adoptar medidas de seguridad en la travesía de La Murada y la de apoyo a los celíacos planteada por el PP que apostó por promover los establecimientos con alimentos aptos para este colectivo. Con la única abstención de Foro Demócrata salió adelante el apoyo del Ayuntamiento al proyecto para que la comarca cuente con una Zona de Actividades Logísticas y se rechazó la propuesta de Cambiemos para que Orihuela se declarara municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (Ttip).