La Junta de Gobierno aprueba expedientes que estaban paralizados por el interventor

El equipo de gobierno del Partido Popular le ha puesto la proa a la labor que realiza el interventor municipal, Fernando Urruticoechea, con el que mantiene un pulso a costa de lo que entienden es una falta de diligencia del funcionario para dar salida a numerosos expedientes que tiene encima de su mesa y que llevan sin ser informados desde hace meses.

El interventor se quejó que tiene en torno al medio millar de asuntos por despachar y tanto los populares como sus socios de Ciudadanos optaron por una fórmula consistente en darle salida a cuestiones que entienden son trascendentes para el municipio sin la fiscalización de este, opción que con sus votos prosperó en la última sesión plenaria. Ayer la Junta de Gobierno Local materializó parte de esos límites a su labor de fiscalización en lo que concierne a los asuntos económicos del Consistorio en una sesión que el edil de Hacienda, Rafael Almagro, calificó de «densa» por las cuestiones que se abordaron. El portavoz municipal dio cuenta de la aprobación de diversos expedientes que estaban «atascados» en el departamento municipal de Intervención y aseguró que el órgano de gobierno local les dará salida en las sesiones semanales de forma periódica «porque nuestro objetivo es ese, desatascar los quinientos expedientes que están pendientes de ser informados».

Almagro reiteró que no se trata de una situación que vulnere la legalidad y esgrimió en su favor la Ley de Procedimiento Administrativo ya que recordó que se puede hacer si en el plazo de diez días no han sido dictaminados por el alto funcionario desde que los recibe aunque estén completados y cuenten con consignación prespuestaria. Con esta premisa el equipo de gobierno se arremangó y empezó a darles salida a los primeros 24 «de una larga lista pero estamos seguros de que la decisión se ajusta a la legalidad», insistió el responsable municipal.

Entre ellos se dio el visto bueno a un convenio con la escuela de organización Industrial (EOI) por un montante de 900.000 de los que el Consistorio aportará casi 73.000 por dos años para la creación de empleo joven o las bases que regulan las ayudas a pensionistas para sufragar suministros como luz o agua por otros 12.000. En la misma línea se aprobó aquelas a las que pueden optar los comerciantes para realizar ferias o campañas por un montante de 60.000. De igual modo se aprobó el convenio con la Junta Mayor por 54.265 euros que suponen la mitad de la aportación municipal y Almagro dio cuenta de uno más espinoso como es el que concierne a los Moros y Cristianos. Sobre este dijo que de los 72.973 euros que recibió están bien justificados 68.917 por lo que deben devolver el resto del importe y no recibirán el 20% restante de la primera cantidad.

No menos importante fue poder ingresar a la empresa municipal Ildo los 327.000 euros anuales para que en doce aportaciones pueda seguir con las tareas de limpieza de parques en pedanías, firmar un convenio con la Universidad de Alicante para hacer un simposio sobre agrotecnología con una subvención de doce mil euros o incluso otro con la Agencia Valenciana de Turismo para el mantenimiento de lavapiés o juegos infantiles en las playas con una cuantía similar. También se le dio salida a adjudicar a Correos el servicio postal municipal por 95.000 euros por cuatro años, un convenio con el Servef para que jóvenes titulados hagan sus prácticas en el Ayuntamiento o desatascar las bases que regulan las ayudas a asociaciones que trabajan en el área de Bienestar Social, con la Tercera Edad o inmigrantes.

Aparte de estas cuestiones que estaban bloqueadas en el área de Intervención el concejal de Hacienda dijo que se aprobaron diversas relaciones de facturas por una cifra global de 836.491 euros y otras cuestiones que tienen que ver con permisos y licencias de obras. En este epígrafe sobresale la aprobación de una promoción de 245 viviendas en Las Filipinas, otras 24 también en la zona costera y un complejo inmobiliario en el PAU-26. En el área de Patrimonio se prorroga el alquiler del local que ocupa la Concejalía de Fomento en la calle Adolfo Clavarana por un año más y la ampliación de otro con un coste de 21.235 euros anuales. De igual modo se concedieron en la sesión 25 ayudas sociales por un montante de 7.500 euros.