Orihuela y la Generalitat se comprometen a arreglar la situación de la atención temprana

La campaña electoral acercó ayer a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, hasta la Vega Baja. La portavoz de Compromís en Les Corts aprovechó la jornada, antes del mitin con el que la cerraría en el Parque Bernardo Ruiz de Orihuela para realizar su primera visita institucional a las dos principales ciudades de la comarca. Por la mañana estuvo en el Ayuntamiento de Torrevieja y el Centro de Mayores dependiente de su departamento en esta ciudad, y por la tarde llegó a Orihuela con una apretada agenda, puesto que además de reunirse con el alcalde y con los portavoces de los grupos de la oposición que acudieron a la cita -PSOE y Cambiemos- firmó en el libro de honor, acudió al Ceam y mantuvo una cita con los responsables de Dinoco, colectivo de padres y madres que gestiona la atención temprana en el municipio.

Precisamente la gestión de este servicio fue uno de los temas que más ocupó a Oltra, quien junto con el alcalde, Emilio Bascuñana, se comprometió a buscar una solución que la consellera dijo que debe ser «práctica». Los padres y madres asociados a Dinoco plantearon hace semanas la firma de un convenio entre Ayuntamiento y Generalitat de forma que la administración autonómica cediera al municipio las competencias para esta gestión y así, eliminar el problema reflejado por la Intervención municipal a la hora de poner dinero en una competencia que se califica como «impropia» para el Ayuntamiento. En este sentido Emilio Bascuñana dijo que no existe ningún inconveniente en conseguirlo, aunque barruntó que puede que no sea la solución porque existe otro problema que es la transitoriedad de esa cesión de competencias. Supuestamente el convenio debe cederlas durante un tiempo, pasado el cual se volvería a dar esa impropiedad que devolvería la situación al punto de partida.

Tanto el primer edil como Mónica Oltra recordaron que las competencias en bienestar social se cedieron el pasado mes de septiembre por decreto, y en este caso la vicepresidenta del Consell consideró que el Tribunal Constitucional en una sentencia anula el rescate de competencias y por tanto dijo, la Ley de Racionalización de la Administración. La consellera aseguró que ella es una mujer práctica y que práctica debe ser la solución, «y si el convenio soluciona este tema, la consellera está dispuesta a hacerlo». Desde Dinoco manifestaron su satisfacción por el encuentro que pudieron tener con Oltra y porque una de las soluciones que ellos aportaron se tenga en cuenta como resolución al problema.

No obstante este no fue el único tema de los tratados en la reunión, puesto que la situación de otros centros como el CRIS y el Oriol también se pusieron sobre la mesa. Asimismo se habló de asuntos que no competen directamente a las áreas de gobierno de Mónica Oltra, como las infraestructuras o la resolución al conflicto de los antiguos juzgados. Al término de la reunión Emilio Bascuñana agradeció a la vicepresidenta su visita «aprovechando que tenía que venir a Orihuela por otras cuestiones» y esperó que este encuentro breve sea el primero de otro más largo donde se puedan tratar el resto de asuntos prioritarios para el municipio. Bascuñana no perdió la ocasión de sacar a relucir la cuestión del valenciano, y pidió «tolerancia y respeto» para los territorios donde se habla castellano sin renunciar al valenciano «pero que no pase al punto de que se pueda considerar una imposición».

Mónica Oltra dijo que entre las prioridades de la Generalitat está «rehacer la red de lealtad con los municipios» y dijo que el gobierno autonómico debe ser un aliado.

Ley de Dependencia

En Torrevieja, la vicepresidenta del Consell visitó la residencia de mayores y habló de la implantación de la Ley de Dependencia en la provincia. En este sentido dijo que Alicante está a la cola en la Comunitat, teniendo en cuenta el retraso sufrido en el cumplimiento de esta normativa por gobiernos autonómicos anteriores. Oltra afirmó que el plan de choque puesto en marcha por la conselleria busca eliminar la lista de espera de personas con derecho a entrar en la Ley de Dependencia y que no están en el sistema, y dijo que la solución es realizar un cambio en la valoración a través de los equipos municipales de servicios sociales. Así, indicó que se dotará a los ayuntamientos para que puedan reforzarlos. El objetivo es pasar de 5 valoradores a 120 en la provincia «y dar respuesta a gente que lleva años esperando». Así, se espera que en el 2018 se pueda cumplir con la normativa que indica que los expedientes relacionados con la Ley de Dependencia estén resueltos en seis meses, cosa que en la actualidad no ocurre en la provincia.