El Consell quiere aclarar antes del 2017 la ubicación de dos plantas de residuos

En cuatro meses el Consell designará la ubicación de dos plantas de transferencia para que se ponga en marcha una tasa única para el transporte, tratamiento y eliminación de la basura en la Vega Baja. El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, apremió ayer a los representantes de los 27 municipios que conforman el Consorcio de Residuos de la Zona A6 para que en ese tiempo aprueben una ordenanza fiscal con la que regular la eliminación de la basura.

La condición indispensable es que al menos se construyan dos plantas de transferencia y una auxiliar destinada a podas y compost. Esta fue la exigencia del delegado de la Conselleria de Medio Ambiente, que de la mano del presidente del Consorcio, Manuel Pineda, dieron el próximo trimestre de plazo a las administraciones locales para que corran a la hora de tramitar la nueva normativa municipal. Cabe destacar que la aprobación requiere de un mes de exposición pública por lo que los ayuntamientos solo disponen de 90 días para formalizarla.

Así las cosas el Consorcio convocó ayer a todos los alcaldes para que fuesen acompañados de sus secretarios o en su defecto de los interventores municipales. La secretaria y el interventor de la Diputación Provincial también acudieron a la reunión para poner en marcha el proceso en la comarca alicantina más retrasada en esta cuestión. La década que ha transcurrido desde la adjudicación inicial y la posterior trama de corrupción ha propiciado que la Vega Baja vaya a la cola y tenga que repartir por toda la provincia y Murcia sus residuos, lo que genera un coste más elevado. Además algunos ayuntamientos se habían quejado de que el traslado no se realizaba de forma equitativa ya que hay pueblos que envían sus camiones de recogida a más distancia que otros.

La aprobación de las dos plantas de transferencia se realizará por parte de la Generalitat Valenciana una vez que las bases técnicas obtengan el visto bueno por parte del Consorcio. En la reunión de ayer se dio el plazo de dos semanas para aprobar la hoja de ruta con la que se sientan las bases para que la empresa pública Vaersa gestione por el momento los residuos de la comarca.

Piquer valoró de forma positiva la reunión que se realizó en dos convocatorias en la sede comarcal de la Diputación Provincial en Rojales, lo que significó «la escenificación de una puesta en común de información y una colaboración leal entre los municipios y el gobierno de la Generalitat», dijo. El director general también puso de manifiesto su convicción en que la unificación de criterios, de costes de eliminación y la puesta en común de la voluntad de resolver un problema histórico «nos ayudará a todos los actores a ser proactivos y acelerar la toma de decisiones que resuelvan el problema».

Por su parte, el miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio, Emilio Fernández, entiende que la gestión por parte de la empresa pública es acertada «ya que el anterior proceso con la adjudicataria se encuentra en una situación de litigios y todavía se puede recurrir la decisión del TSJ con un recurso de casación al Supremo» y dijo que «la tasa se deberá estudiar por parte de los ayuntamientos que tenemos contratada la recogida de residuos».