Los regantes tradicionales reclaman que se paralice la cesión de caudales al Scrats

Las comunidades de regantes tradicionales de la Vega Baja se han unido para presentar un recurso de reposición en contra de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que abogó por ceder 25 hectómetros cúbicos de agua al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Los afectados esgrimen en un escrito que esta cesión de agua puede «ocasionar graves daños al regadío tradicional», por lo que piden la suspensión del acto administrativo.

Los regantes marcan la diferencia entre agricultores que se nutren del trasvase y los derechos que les asisten, que se remontan unos años antes. Recuerdan que la Ley 21 de 1971 estableció que la Cuenca del Tajo debía aportar 600 hectómetros cúbicos y que «se utilizan de forma torticiera algunos artículos por parte del organismo de cuenca ya que aseguran que hay dos subsistemas de cuenca: el tradicional y del trasvase.

Ahora alertan que el Gobierno Central va aprobar en los próximas semanas de nuevo la prórroga del decreto de sequía y que se van a poner en marcha los pozos de sequía y del Sinclinal de Calasparra. Por ello, no ven justificada la cesión de metros cúbicos a otros agricultores que no riegan del Río Segura. Desde hace meses la lucha interna entre regantes se ha generado dentro del sureste español ante la falta de recursos hídricos procedentes de Castilla La Mancha.

Las comunidades de regantes argumentan que la CHS no se encuentra facultada para transferir agua «de un sistema a otro» porque no se encuentra dentro de la normativa del Plan Hidrológico. En este sentido advierten de que la legalidad si que permite «condicionar y limitar los derechos de agua y establecer límites, pero no cambiarlos de forma que quien no los tuviera ahora sí los teng»a. Así, advierten de que la Normativa del Plan de Cuenca «prohíbe de manera expresa mandar agua de la cuenca al sistema del Trasvase», ya que solo tiene la competencia de restringir los derechos no de otorgarlos. En la misma línea insisten en que el agua trasvasada del Tajo no pertenece a la cuenca del Segura como así «lo atestiguan sentencias del Tribunal Supremo».

En otro orden de cosas ponen de manifiesto que la CHS ya ha entregado al Scrats 200 hectómetros de la cuenca del Segura «del que se ha privado al regadío tradicional, agravando aún más la situación de sequía». Por ello, auguran que el próximo 1 de octubre la cuenca del Segura va a alcanzar el estado de alerta al encontrarse el índice de estado de la cuenca en 0.392, lo que significa una situación de prealerta.

Otra alegación que han presentado es que el primer desembalse aprobado para regantes del trasvase de 4,88 hectómetros «excede la cantidad autorizada por la Dirección General del Agua». Por tanto manifiestan que en caso de ceder agua a los regantes del trasvase solo se permitiría un máximo de 80.000 metros cúbicos al día, por lo que hacen un cálculo de que 1,28 hectómetros cúbicos «se han otorgado sin título alguno que lo ampare».

Los regantes tradicionales reiteran la falta de base legal de la CHS para esta cesión y aluden a la ausencia del expediente del acuerdo entre el Scrats y Acuamed. Los afectados consideran que «se da rango normativa a una práctica habitual sin soporte legal». Además critican que se vulnera la Ley 30/92 sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común. Sobre este punto manifiestan que los interesados en recibir el aporte hídrico presentaron una serie de alegaciones en el expediente después de que la Comisaría de Aguas publicase su propuesta de resolución si bien asegura que esta ley les obligaba a que «solo podían aducir alegaciones antes del trámite de audiencia».