10.000 euros por cabeza de deuda

El Botánico aprobó el pasado viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2021, que asciende a algo más de 25.000 millones de euros. La deuda de la Comunitat Valenciana, la que recoge de forma trimestral el Banco de España, es exactamente el doble de esa cantidad. 49.977 millones de euros, según los datos de la entidad reguladora correspondientes al segundo trimestre de este año. La cifra equivale al 46% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Y aunque esa sola estimación ya evidencia la magnitud del agujero, el hecho de que no haya ninguna otra comunidad autónoma con unos números rojos tan elevados en relación con su propia riqueza sirve para visualizar la gravedad del dato.

La deuda per cápita, la resultante de calcular qué parte de esos números rojos correspondería a cada ciudadano, eleva hasta prácticamente los 10.000 euros –en concreto, 9.987,92 euros– el dato de lo que deberíamos aportar cada valenciano para dejar a cero este indicador. En junio de 2011, con una población muy similar, la cifra era de 4.323,33 euros. El aumento en una década supera los 5.600 euros por persona.

La evolución de la deuda preocupa. Porque ese dato, el que refleja la evolución del agujero económico de la Comunitat, viene cogiendo cada vez más velocidad. Los 2.324.375 euros de deuda que el boletín estadístico del BdE atribuye a la Comunitat en diciembre de 1994 llegaron al acabar el 2000 hasta los 6.003.528 euros. En 2010, la cifra se situó en 20.118.648 euros. Y a partir de ahí cogió velocidad: en septiembre de 2013 se superaron los 30.000 millones, en junio de 2015 –menos de dos años después– se alcanzaron los 40.000 millones y en junio de 2020 la Comunitat está ya al borde de los 50.000 millones.

¿Por qué no deja de crecer la deuda de la Comunitat? ¿Por qué regiones como Madrid logran contenerla en mucha mayor medida –tiene una deuda de 35.645 millones, pero era de 30.141 en junio de 2016–? ¿Por qué Galicia consigue no superar la barrera de los 12.000 millones pese a estar por encima de los 10.000 desde junio de 2015? ¿Qué ha pasado para que los números rojos de Andalucía hayan crecido menos de 4.000 millones desde diciembre de 2015 y que los de la Comunitat lo hayan hecho en 8.000 millones –con una población sustantivamente inferior–?

La Comunitat Valenciana ha venido atribuyendo históricamente su deuda pública a la infrafinanciación que arrastra la región. Un argumento que arranca del traspaso de competencias de principios de los años 80 con el proceso de descentralización del Estado hacia las CCAA y que habría venido perpetuándose en el tiempo con los sucesivos sistemas de financiación. Ni el vigente desde 2002, ni el aprobado en 2009 y todavía en vigor, habrían proporcionado a la Comunitat los recursos necesarios para atender el coste de sus servicios públicos.

El regreso en 2015 de la izquierda a la administración autonómica –tras las críticas vertidas desde PSPV y Compromís hacia el PP por el acelerado crecimiento de la deuda pública desde el año 2010– hacia suponer que el aumento de los números rojos se contendría. No ha sido así. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el Botánico reprochó al Ejecutivo central que mantuviera prorrogado desde el 1 de enero de 2014 el sistema que ordena el reparto de fondos. Con la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, el tono reivindicativo ha desaparecido por completo.

El crecimiento de la deuda apunta ahora a los fondos que facilita el Ejecutivo central para sostener a la región. El FLA primero y el Fondo de Facilidad Financiera después vienen contribuyendo a evitar el colapso financiero de la región, que suma prácticamente una década estirando el chicle de los gastos mucho más allá de sus posibilidades –y sin duda, de sus ingresos–. Que el Ejecutivo central facilite liquidez, en lugar de reformar la financiación, no hace más que engordar el capítulo de la deuda pública, toda vez que esa liquidez tiene forma de préstamos que hay que devolver.

El jefe del Consell, Ximo Puig, llegó a reivindicar en su día la condonación de una parte de la deuda –la atribuida a esa infrafinanciación–. La pandemia también ha arrasado esa exigencia. La suspensión de las reglas fiscales permite anticipar que ese agujero negro seguirá creciendo.