La causa de Cooperación, paso a paso

La investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por el PSPV y Compromís ante la sospecha del uso que se estaba haciendo de los fondos. La clave: aprobar ayudas para los más desfavorecidos y destinar ese dinero para otra cosa. Para ello, dos fundaciones clave en la causa -Cyes (la fundación Cultural y de Estudios Sociales, distinta de la empresa del mismo nombre) y Hemisferio- y una conselleria del Gobierno valenciano.

El 3 de marzo de 2012 la investigación llevaba hasta Josep Maria Felip, hasta ese momento director general de Cooperación del Gobierno valenciano. Felip encabeza una nómina en la que figuran otras personas que tuvieron responsabilidades en la conselleria, como Aleixandre Català (subsecretario) y Marc Llinares (jefe de área de Cooperación). A ellos, hasta los cerca de 30 imputados que suma la causa, se les imputan delitos que van desde el fraude y la malversación hasta la falsedad documental, pasando por el blanqueo de capitales o la apropiación indebida.

La etapa en cuestión es la que va desde 2008 hasta 2011, es decir, la que afecta de lleno a la gestión del actual portavoz parlamentario popular, que fue nombrado para el cargo tras la victoria del PP en las autonómicas de 2007. A partir de entonces, diversas ONG comenzaron a cobrar un enorme protagonismo. El caso más significativo es el de Hemisferio, antes Entre Pueblos, la ONG a la que la investigación judicial sitúa en el centro de la trama.

Creada en 2008, levantó sospechas por la escasa experiencia en la gestión de proyectos de elevados presupuestos y compleja ejecución. Pero la solución era sencilla: se presentaba a los concursos de la mano de otras organizaciones que sí tenían experiencia de campo pero que por su reducido tamaño no podían optar a las grandes convocatorias.

El testimonio de alguno de los imputados en la trama ha sacado a la luz cómo Hemisferio se encargaba de todos los pasos necesarios para realizar ese proyecto -y también de cómo presentarlo ante la Generalitat para conseguir las subvenciones-.

La realización concreta del proyecto corría a cargo de empresas a nombre de responsables de Hemisferio, en muchas ocasiones por precios desorbitados, como ha denunciado la oposición. Fernando Cañete, responsable de Inelme, es uno de los que hizo facturas para la trama. Y es también otro de los imputados. Incluso era en su cuenta corriente en la que se ingresaban las ayudas una vez concedidas.

El presunto desvío de fondos de ayudas a países en vías de desarrollo, que se cifra entre cinco y siete millones de euros, ha dejado en una situación complicada al entonces conseller y ahora portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco.

La implicación de Blasco y su conselleria

Algunos testigos, en sus declaraciones en sede judicial, ya apuntaron el interés del conseller porque se aprobaran algunos proyectos pese a que no reunían todos los requisitos. Además, las conversaciones que constan en el sumario revelan la estrecha relación con el cabecilla de la red, Augusto César Tauroni. Algunas de las conversaciones que constan en el sumario muestran el escaso aprecio que el cabecilla de la red demostraba hacia los destinatarios de los proyectos. «Augusto ha dicho que si hay que pagar a los de aquí, pues se les paga y que los de allí, que se mueran». Así lo explicó la imputada Maribel Castillo, directora de la Fundación Hemisferio, descubierta en un pinchazo telefónico.

Las pesquisas del juzgado han constatado que la trama desvió dinero de proyectos destinados a siete países: Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y Tailandia. Las intenciones eran hacer lo mismo con un hospital en Haití, plan que se frustró.

Los cabecillas de la red contaban con la colaboración más o menos directa de varios funcionarios de la Conselleria que han acabado imputados. Entre ellos, figuran el exdirector general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá. Ambos fueron destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Otro de los imputados es Marc Llinares, jefe de área de Cooperación. En una conversación intervenida con una entidad bancaria de EE UU le advierte que si está fraccionando a propósito una seria de transferencias (5.000 euros) estaba cometiendo un delito federal.

El resto de imputados están relacionados con las distintas ONG. En la investigación están implicadas al menos seis entidades. A principios de este mes, la jueza solicitó un refuerzo de manera «transitoria» para concentrarse en exclusiva en la causa de Cooperación y agilizar la instrucción, aunque el grueso de la investigación ya está casi al completo.

Las primeras declaraciones

Fernando Darder Flores, presidente de la ONG valenciana Esperanza sin Fronteras, fue el primero en declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, acusado de desviar fondos públicos de la Conselleria de Cooperación destinados a proyectos en países en desarrollo. Darder salió en libertad con cargos, acusado de un delito de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Darder relató a la jueza la relación que mantenía con la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Marc Llinares, jefe de área de Cooperación desde 2008, habría entrado en contacto con su pequeña entidad, creada en 1986 y financiada por voluntarios y subvenciones municipales. Al parecer, Llinares -una de las personas de la máxima confianza de Rafael Blasco-, le habría propuesto una alianza con la fundación Hemisferio para optar a proyectos de ayuda al desarrollo de mayor envergadura. El primero de ellos, un hospital en Haití, proyecto valorado en cuatro millones.

Ahí surgieron las primeras dudas y Darder llegó a decir que las cuentas no salían. Pero las instrucciones eran muy claras: con Hemisferio o no había subvenciones. Y Esperanza sin Fronteras aceptó el trato. Después hubo otros proyectos: un centro de menores en Perú o un orfanato en Tailandia.

Pozos que eran pisos

También levantó sospechas la adjudicación de un proyecto por valor de dos millones de euros para la construcción de pozos de agua potable en Nicaragua a través de la Fundación Cyes. Según los socialistas, de ese importe, sólo llegaron al país Sudamericano 70.000 euros, mientras que el resto se quedó en Valencia para la compra de dos viviendas con garaje que la fundación destinó para la instalación de su sede. En su día, la conselleria desmintió la jugada, pero en el propio expediente de adjudicación se incluyó la creación de una oficina en Valencia y se justificó el gasto en esos inmuebles por parte de la conselleria. Pero lo cierto es que del grueso de la subvención millonaria, a Nicaragua parece que sólo llegaron unos 70.000 euros.

En noviembre de 2011, el conseller de Justicia (durante las fases previas de la investigación, en 2012), de quien depende la extinta Solidaridad, Jorge Cabré, anunció la cancelación del proyecto del hospital. «No estamos para invertir en cooperación internacional» vino a decir. Así, en total, la diputada socialista Clara Tirado cree que el importe desviado por la conselleria de Solidaridad pudo ascender a nueve millones de euros si se suman todas las partidas.