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S.P.
Miércoles, 7 de mayo 2014, 13:08
A Rafael Blasco, diputado del grupo de los no adscritos, exportavoz del PP en Les Corts y exconseller, le crecen los problemas. Si acaba de pasar por un juicio y aún está pendiente de la sentencia por la primera de las causas del 'caso Cooperación', la juez del Tribunal Superior de Justicia que investiga esta causa hizo público ayer que el resto de asuntos relacionados con las presuntas irregularidades de las donaciones de la Generalitat de ayuda al desarrollo a través de ONG, pasen a constituirse en dos instrucciones paralelas en las que seguirá estando imputado el político procedente de Alzira.
La magistrada instructora, Pía Calderón, ha dejado como una causa de investigación independiente la referida a las acciones institucionales aprobadas por la Generalitat para ayudar a Haiti tras el terremoto que asoló el país, y la otra, a las subvenciones de capital autonómico donada para la cooperación insternacional a distintas entidades de 2009 a 2011.
La razón de esa división es «simplificar y activar» un procedimiento de «gran volumen cuantitativo y superior complejidad cualitativa» ante la existencia de unos hechos «diferentes y perfectamente separables», según el auto de la magistrada instructora.
El caso se dividió inicialmente en dos piezas: una primera sobre subvenciones para Nicaragua por 1,8 millones de euros, que ya ha sido juzgada y está a la espera de que se dicte la sentencia, y una segunda sobre la concesión de subvenciones a un entramado de empresas en torno a la Fundación Hemisferio por al menos 3,5 millones.
A partir de ahora, la pieza dos se refiere a los presuntos delitos cometidos en la concesión y gestión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo a distintas entidades entre 2009 y 2011.
En esta pieza hay veintitrés imputados -entre ellos el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, en prisión preventiva- y se investigan los delitos de fraude subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental.
La pieza tercera investiga las acciones institucionales desarrolladas para paliar los efectos del terremoto de Haití de 2010, como la constitución de una oficina técnica para la reconstrucción de Haití y la adjudicación de proyectos para la construcción de un hospital, la reforma de la posta sanitaria y acciones complementarias en el municipio de Belle Anse.
En esta pieza hay una docena de imputados -entre ellos el propio Rafael Blasco, Tauroni y, al igual que en la anterior, exaltos cargos de la Conselleria como Josep Maria Felip, Marc Llinares y Dolores Escandell-, y se investigan los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental.
La instructora ha solicitado, además, a las consellerias de Presidencia y Bienestar Social que remitan las facturas, justificantes y las autorizaciones a los altos cargos y funcionarios que viajaron a Haití y República Dominicana en 2010 y 2011, y a la conselleria de Hacienda que les remita una copia del expediente de la subvención «Acción Especial Haití».
Asimismo, Pía Calderón ha pedido al Interventor Territorial de Valencia y al Inspector de Hacienda del Estado que elaboren informes sobre las subvenciones a la cooperación internacional concedidas a las entidades investigadas entre 2009 y 2011 y sobre las acciones desarrolladas con motivo del terremoto de Haití. Además, ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a la imputada Christinne-Bernardette Nnomo, presidenta de Asa África, por la inexistencia de «motivos suficientes» para mantener la imputación.
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