La Fiscalía pide prisión provisional para Blasco

La Fiscalía ha solicitado prisión provisional para el exconseller Blasco, y, en el caso de que el tribunal no acordara esta medida, 2 millones de euros de fianza. Se trata de la misma medida cautelar pedida para la ex secretaria general, Tina Sanjuán, condenada a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación, aunque, en su caso, la fianza sería de 600.000 euros.

El resto de los condenados se enfrenta a unas fianzas que van de los 50.000 a los 120.000 euros, y comparecencias para firmar en los juzgados.

Rafael Blasco ha declarado hoy, tras su citación en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que está "confiado en que al final se demostrará la inocencia" de su actuación, y ha confirmado que recurrirá la sentencia de este tribunal que le condena a ocho años de prisión.

Blasco estaba citado hoy a las 10 horas en la sede del TSJCV junto al resto de condenados a penas de prisión en el caso Cooperación, salvo el empresario Augusto César Tauroni, en la cárcel desde febrero de 2012, para abordar, a petición de la Fiscalía, posibles medidas cautelares.

De hecho, la misma Fiscalía ha solicitado prisión provisional eludible con 100.000 euros de fianza para el exsubsecretario Alexandre Català, condenado también a cuatro años y medio de cárcel, así como para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, condenado a tres años.

A su salida del Palacio de Justicia, a las 10.40 horas -había llegado a la sede en torno a las 8.20 de la mañana-, Blasco ha afirmado que desconoce la medida cautelar que le aplicará el tribunal, y ha declinado informar de cuál es el alcance de esta medida solicitada por el fiscal.

Según ha aseverado, "las condenas no se comentan sino que se recurren si no se está de acuerdo", ha anunciado que así lo va a hacer y ha confirmado su intención de recurrir.

"Estamos confiados en que al final se demostrará la inocencia. Con todo el respeto a los magistrados que han dictado esta sentencia, en un estado de derecho tenemos la posibilidad de recurrir, que es lo que vamos a hacer", ha aseverado al tiempo que ha advertido de que hay que esperar "al final de todo el procedimiento".

El tribunal valenciano ha previsto esta convocatoria tras solicitarlo Fiscalía Anticorrupción, ya que se plantea solicitar medidas cautelares para los condenados en esta primera pieza, en la que se han juzgado irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua. El ministerio público se plantea esta posibilidad hasta que se declare firme la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El primero en tener que acudir al tribunal valenciano era Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.

A Blasco le han seguido la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán, condenada a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; luego, el exjefe del Servicio de Cooperación, Marc Llinares, condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel.

Posteriormente estaba prevista la comparecencia del exsubsecretario Alexandre Català, condenado también a cuatro años y medio de prisión; después, el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, condenado a tres años de cárcel; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, al que se le fijaron cuatro años de prisión; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, condenada a tres años y seis meses.

En relación con el cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, y condenado a la misma pena que a Blasco, la Sala pide al ministerio público que vista su situación personal, aclare el sentido de su petición. Al ex director general Josep María Felip no se le cita puesto que fue el único al que no se le impuso cárcel, sino una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.