La Fiscalía pide prisión para Blasco o una fianza de dos millones de euros

Rafael Blasco, siete veces conseller de la Generalitat y condenado a ocho años de prisión, se encuentra hoy más cerca de ingresar en la cárcel de Picassent. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer durante una vista en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la prisión provisional para el que fuera responsable de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. El Ministerio Público reclama la misma medida para Tina Sanjuán, mano derecha del exconseller en el departamento autonómico y en buena parte de su carrera política, y a quien se le impusieron otros siete años y medio de cárcel.

El TSJ tiene ahora la última palabra acerca del destino de estos dos responsables. La Fiscalía realizó una petición alternativa para el caso de que el tribunal rechazara el ingreso en prisión. La posibilidad de que sigan libres depositando una fianza de dos millones de euros para Blasco y de 600.000 euros para Sanjuán, cantidades que parecen inalcanzables. Para este supuesto solicitan, además, la retirada del pasaporte y comparecencias diarias en el juzgado.

Todo lo anterior persigue un objetivo: evitar que el exconseller se dé a la fuga, temor que ha llevado al Ministerio Público a solicitar estas cautelares. Los responsables consideran que los meses de espera hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a los anunciados recursos podrían dar una oportunidad a los condenados para eludir la acción de la Justicia.

El Ministerio Público ya solicitó la retirada del pasaporte de Blasco nada más ser imputado. En aquella ocasión, la magistrada Pía Calderón rechazó la imposición de esta medida. No parecía existir riesgo de fuga. Ahora, las circunstancias han cambiado notablemente. La contundencia de la sentencia y los ocho años de prisión acrecientan el riesgo de una huida.

El exconseller abandonó el TSJ cerca de una hora después de que se celebrara la vista. Cariacontecido, se detuvo a hablar con cerca de una veintena de periodistas que aguardaban a la entrada del edificio. A su llegada, que se realizó a primera hora, había evitado a buena parte de los informadores.

No quiso anunciar qué había solicitado la Fiscalía -a esa hora la decisión todavía no se conocía- y se limitó a comentar que ahora será el tribunal quien decida. De igual modo evitó comentar la sentencia en la que era su primera aparición pública tras publicarse el fallo. «Las sentencias no se comentan, se recurren», indicó. Mostró su respeto a los magistrados que firmaban su condena de prisión y manifestó su «confianza» en que el Supremo demuestre la inocencia de los acusados.

Tina Sanjuán también abandonó el TSJ visiblemente tocada. Su comparecencia fue de las más duras que se celebraron ayer. Hasta tal punto que llegó a derrumbarse. Ni ella ni su letrada quisieron comentar a la salida la petición de las cautelares.

El resto de condenados también deberán afrontar importantes fianzas si quieren permanecer en libertad. La diferencia es que la Fiscalía no pide para ellos prisión como primera demanda sino la libertad bajo fianza. En cualquier caso, las sumas a las que deberán hacer frente son importantes. Por ejemplo, el exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares, tendrá que reunir 120.000 euros. Al exsubsecretaria Alexandre Català le piden otros 100.000 euros. El exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, deberá aportar 60.000 euros. Todo lo anterior siempre que se acepten las peticiones del Ministerio Público, a las que se sumaron la acusación popular y la Abogacía de la Generalitat.

Modo de vida: la cooperación

Marcial López, presidente de la Fundación Cyes -no confundir con la constructora del mismo nombre- se enfrenta a 100.000 euros para evitar la cárcel. La sentencia dedicaba algunos de los reproches más severos a este condenado, a quien recriminaron que hubiera hecho de la cooperación su medio de vida. Su mujer también puede verse obligada a reunir otros 50.000 euros. Además, para este grupo de condenados, se solicita la retirada del pasaporte y comparecencias en el juzgado semanales o quincenales.

Sólo dos de los condenados no estaban citados ayer en las dependencias judiciales. Uno de ellos es el empresario Augusto César Tauroni, que lleva en prisión desde el inicio de la investigación judicial. Todas las ocasiones en las que su letrado ha pedido la libertad provisional le ha sido rechazada. El otro de los ausentes ayer era Josep María Felip, el único de los acusados que no ha sido condenado a penas de prisión. En su caso, la pena es de siete años de inhabilitación.

Todos las defensas se opusieron, como es lógico, a las peticiones del fiscal. No existe un plazo para que el Tribunal Superior de Justicia decida acerca de las medidas. Lo más probable es que notifique un auto a lo largo de la semana. Desde el pasado miércoles, cuando se comunicó la sentencia, los acontecimientos se han acelerado. Las defensas criticaron lo injusto del fallo y las penas al mismo tiempo que anunciaban un recurso al Supremo. Este órgano resolvería en un tiempo menor del habitual, entre seis y ocho meses, al ser causa con preso.