Blasco paga la fianza de 200.000 euros y retrasa su entrada en prisión

El exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, no entrará en prisión por el momento. El también exdiputado popular depositó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) la fianza de 200.000 euros que le había impuesto la Sala como medida cautelar, tras la petición de medidas solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Blasco entregó también su pasaporte, por lo que no podrá abandonar el país, y deberá comparecer periódicamente ante el tribunal para evitar una posible fuga.

Con la fianza hecha efectiva, el exconseller evita así entrar en prisión provisional de inmediato, a pesar de que el TSJ lo condenó la pasada semana a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por el desvío de las ayudas públicas de su departamento para planes de Cooperación en Nicaragua. Ahora, a expensas de que su defensa presente el recurso que interpondrá ante el Supremo, se garantiza así un retraso en la ejecución de la sentencia, que queda a expensas de la decisión del alto tribunal.

Curiosamente, a pesar de que el exdiputado tiene sus cuentas y bienes embargados por el Tribunal de Cuentas, no ha tardado ni 24 horas en reunir los 200.000 euros de fianza que le impuso el TSJ. Según fuentes de su entorno, ha acudido a amigos y familiares para juntar el importe que ayer mismo depositó en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Civil y Penal. El plazo para que el resto de condenados acaba hoy mismo.

Las medidas cautelares fueron adoptadas el martes por parte del tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del caso Cooperación (en total hay tres), después de que en una vista celebrada el lunes las acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés) solicitaran para el exconseller la prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de dos millones de euros ante el riesgo de fuga.

El tribunal atendió en parte estas solicitudes y ordenó prisión para Blasco pero eludible con 200.000 euros de fianza al entender que al ser el «principal promotor» de los hechos, podría tener «contactos y relaciones» para una «eventual elusión» de la justicia hasta que se declare firme la sentencia. No le decretó prisión incondicional ni le impuso la fianza de dos millones de euros al entender la cantidad desorbitada, según recoge Europa Press. El tribunal también ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para la exsecretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, Tina Sanjuán, así como la entrega de su pasaporte y comparecencias semanales en base a la «gravedad» de la pena y ante un «cierto arraigo» fuera de la nación. Precisamente para Tina Sanjuán, condenada a siete años y medio de prisión, la Fiscalía Anticorrupción también solicitaba prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de 600.000 euros.

Así mismo, el tribunal ha retirado el pasaporte al exsubsecretario de la Consejería, Alexandre Català, y le obliga a comparecer semanalmente en el juzgado; así como al exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte.

Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le ha prohibido la salida del territorio nacional y le ha ordenado la entrega de su pasaporte. También le impone comparecencias ante el juez pero, a diferencia del resto de los condenados, de forma quincenal.

En este sentido, la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana defendió ayer que «la actuación de una persona no puede poner en entredicho ni la labor de todo un departamento ni el trabajo de las personas que desde entonces han gestionado el programa de cooperación». Sánchez Zaplana realizó estas declaraciones en la sesión de control a los miembros del Consell en el pleno de Les Corts, tras una pregunta de la diputada socialista Clara Tirado sobre qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno valenciano para «restaurar las políticas de cooperación al desarrollo y la imagen proyectada», después del «grave escándalo de corrupción conocido como caso Blasco».

La consellera recordó que Rafael Blasco cesó como conseller de Solidaridad a mediados de 2011 e indicó que tiene «la impresión» de que para la oposición «el tiempo se detuvo en 2011». «Por más medidas que adoptemos van a seguir sin valorar la trayectoria que hemos seguido en cooperación al desarrollo», subrayó.