Alejandro Martí
Martes, 1 de julio 2014, 21:49
El Tribunal Supremo revisa hoy la condena de cuatro años de cárcel contra Carlos Fabra por fraude a Hacienda. El exlíder del PP y expresidente de la Diputación fue condenado a finales de 2013 a cuatro años por haber defraudado a Hacienda 690.000 euros en cuatro años.
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No obstante, una vez se supo la sentencia Fabra anunció que iba recurrir ante el Supremo al asegurar que no había cometido ningún delito. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, representada por la UCE, reclaman ocho años de cárcel contra el exmandatario.
La condena se enmarca dentro del conocido como caso Fabra y tras diez años de instrucción de celebró la vista oral en octubre de 2013. En principio, el Ministerio público exigía 13 años a Fabra por los cuatro delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho. En cambio, estos dos últimos delitos fueron desestimados por la Audiencia Provincial y la propia Fiscalía no los ha recurrido por la complejidad que supone demostrarlos y porque, como se evidenció en el juicio oral, ningún testigo recordaba nada. La condena también le implica pagar más de un millón de euros en concepto de multa.
Sí quedó demostrado, en cambio, que Carlos Fabra y su exmujer cometieron fraude fiscal entre los ejercicios 2000 y 2003 al no declarar 690.000 euros. No obstante, la condena se limita a un año de cárcel por cada año defraudado, la mitad de lo que pedía la Fiscalía. El motivo es que la Audiencia aceptó el atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, que el proceso se había alargado demasiado en la fase de instrucción.
No en vano, la denuncia contra Fabra se presentó en 2003 en los juzgados de Nules y no fue hasta mediados de 2013 cuando se abrió juicio oral. Mientras, hasta diez jueces abandonaron la instrucción e, incluso, la Audiencia archivó todo el caso, siendo el Supremo quien obligó en 2011 a reabrirlo.
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Tras conocerse la sentencia Fabra reiteró su inocencia y su intención de recurrir al Supremo y al Constitucional para demostrarlo. No obstante, el fallo le obligó a darse de baja en el partido e, incluso, la presión empresarial le obligó a dejar su último cargo público como secretario general de la Cámara de Comercio.
Fabra, tras 21 años como presidente del PP y más de 15 como líder de la Diputación cerraba así su trayectoria pública. La exmujer de Fabra, María Desamparados Fernández, también fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una multa de más de 273.000 euros y su sentencia también se revisará hoy en el Alto Tribunal. El resto de imputados, el empresario que denunció el caso, Vicente Vilar, su exmujer, Montserrat Vives y el exsenador del PP Miguel Prim fueron absueltos de todos los cargos.
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La sentencia firmada por el juez Esteban Solaz señalaba que los ingresos millonarios en las 65 cuentas del matrimonio Fabra: 599 ingresos en efectivo, 217 en cheques y 110 en transferencias, los 24 préstamos comunes y los 28 inmuebles del matrimonio motivaron que la sala tenga la convicción de que los referidos ingresos corresponde a ganancias patrimoniales no justificadas.
Para los magistrados es indiscutible que si se compara la renta declarada con los ingresos en efectivo, las cuentas no salen y añadían que no es verosímil la versión de los acusados y que no puede admitirse como premisa la imputación de los ingresos en efectivo ni a los préstamos obtenidos, ni la enajenación de inmuebles, tumbando los argumentos de la defensa de Fabra y Fernández.
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"No tengo miedo de ir a la cárcel"
Tras conocerse el fallo Fabra convocó una rueda de prensa en la que dijo que no tengo miedo a ir a la cárcel, porque hace muchos años que me afeito, y si me espera la cárcel, tendrá que esperar una temporada más. Carlos Fabra aseguraba entonces que el proceso judicial fue un infierno y que se sentía satisfecho por el resultado. No sé dónde está el infierno, pero sé cuánto dura: como poco diez años.
Además, en la misma comparecencia dijo que a cualquiera de ustedes, si les hicieran más de cien inspecciones de Hacienda, seguro que les encontraban algo.
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