La fiscal de Emarsa pide 14 años de prisión para Crespo y dos ex altos cargos del Consell por el saqueo de la depuradora

La fiscal del saqueo a la depuradora de Pinedo ha solicitado 14 años de prisión para el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. Los dos ex altos cargos de la Generalitat, Ignacio Bernácer y José Juan Mo renilla, se enfrentarán a la misma pena que Crespo. Ambos trabajaban en la Epsar, el organismo del Consell que controla la gestión de la depuradora, y su papel fue clave para permitir que se pagara el triple por el tratamiento de los lodos en la planta que abastece Valencia.

El cuarto de los cabecillas del expolio a los fondos públicos es Esteban Cuesta, exgerente de las instalaciones. Este se enfrenta a 10 años de prisión. Otro de los acusados más relevantes en la causa es Enrique Arnal, el director financiero de la depuradora y, en su día, mano derecha de Cuesta. La Fiscalía solicita siete años de cárcel para él.

«Ideólogos» del saqueo

El Ministerio Público siempre ha considerado a Crespo, Cuesta, Bernácer y Morenilla como los "ideólogos" de la trama de saqueo. Morenilla era el gerente de la Epsar y Bernácer, el jefe de explotación. Emplearon como «brazo ejecutor y cabeza visible» a los trabajadores de la planta «para evitar cualquier vinculación con los hechos», explicó la fiscal cuando pidió la imputación de estos dos responsables. Las relaciones entre la Epsar, la Emshi (controlaba a Emarsa) y la planta de Pinedo se regían por una comisión mixta. Era obligatorio que un técnico de la Emshi asistiera a las reuniones. La composición únicamente se respetó en las dos primeras convocatorias. Luego, sólo Cuesta, Crespo, Bernácer y Morenilla acudían a las comisiones. Y era allí donde se fijaban los costes de financiación para Pinedo. Estos nunca dejaron de aumentar año tras año con las supuestas justificaciones de incremento de las partidas de mantenimiento, inyecciones de dinero por el aumento de los costes eléctricos o por el incremento del lodo que trataba la planta. Un plan, en principio perfecto, para proceder a desviar fondos sin levantar sospechas. La cantidad más importante, sin duda, estaba en la gestión de los lodos. El empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper interpuso una serie de empresas pantalla para facturar por esos trabajos que realmente nunca hicieron. Así desaparecieron más de diez millones de euros. Los cuatro cabecillas se lo repartían en efectivo primero y posteriormente con extracciones a través de cajeros.

La anterior era la vía más importante para la distracción del dinero. No obstante, en la planta también se organizó otro entramado, que se podría bautizar como 'obras fantasma'. Este consistía en adjudicar actuaciones sin ningún concurso o publicidad y por una elevada cuantía. Algunas ni se llegaron a hacer. La mayoría de estas adjudicaciones fueron a parar a empresas de la órbita de Sebastián García, conocido como Chanín y que ocupó el puesto de informático de la depuradora.