La UE investiga al Consell por falsear su déficit entre 2008 y 2011

La Comisión Europea echó ayer más leña al fuego del polvorín de las finanzas de la Generalitat valenciana con el anuncio del inicio de una investigación sobre la posible «manipulación de las estadísticas» de la cifra del déficit de la Comunitat. Así, Bruselas pone en duda que los datos que año tras año ha enviado el Gobierno valenciano al Ejecutivo central para que éste, a su vez, los remitiera a la Comisión Europea para tomar sus decisiones en materia económica, sean los correctos. La investigación, según explicó ayer el comisario responsable de este menester, Algirdas Semeta, «examinará si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en la comunidad autónoma, tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años». En concreto, de 2008 a 2011.

Pero, ¿dónde está el problema con las cuentas valencianas? La Comisión Europea venía examinando los pasos de la Generalitat desde mayo de 2012. Entonces, Bruselas ya avisó de que dos comunidades autónomas, entonces sin aún señalar, eran las responsable de la revisión al alza del déficit que la Unión Europea había fijado para España el año anterior. En ese momento, en la Comunitat saltaron todas las alarmas, pero por aquel entonces, tan sólo el portavoz de Economía del PSPV, Julián López, le puso letra a la música que sonaba desde Europa en una comisión de Les Corts y alertó de que Bruselas miraba con lupa la economía valenciana. Y no se equivocó. Junto con la Comunitat, también Madrid estaba siendo investigada como responsable del desfase entre las cifras de déficit nacionales. Pero tras las pertinentes inspecciones, el ajuste de Madrid se consideró «excepcional», mientras que el de Valencia «dio motivos de preocupación a los enviados de Eurostat. Tras el análisis de las cuentas resultó que la Intervención General de la Generalitat (IGGV) había enviado desde 2008 y hasta 2011 información incorrecta del déficit autonómico al Ministerio de Hacienda. Y así, en septiembre de 2013 se revisaron a conciencia las cuentas de la Comunitat.

La Comisión Europea descubrió entonces la sorpresa. La Generalitat no había notificado en su momento «considerables gastos sanitarios» y, por tanto, no se había respetado el principio de devengo previsto por los reglamentos tanto de España como de la UE: las famosas facturas en los cajones. La Generalitat acumuló durante años un ingente número de obligaciones no reconocidas, sobre todo en Sanidad. En concreto, sólo en ese área dormían en los cajones facturas por más de 1.800 millones de euros. Gastos sin consignación presupuestario que acaban por pagarse años después de que se generaran y sobre los que también había puesto la vista reiteradamente la Sindicatura de Comptes. Así, en su informe de 2012, el Síndic Major recogió el afloramiento de estas obligaciones no reconocidas y habló de la apertura de un expediente informativo en el área de Sanidad para determinar las responsabilidades de las personas que pudieran haber intervenido en la gestión y autorización de las obligaciones citadas. Aunque el informe reconocía que no existían resultados de ese expediente de depuración de responsabilidades, sí explicaba cómo la operación contable había incidido en la estabilidad presupuestaria.

Las objeciones de la Sindicatura de Comptes llegaron hasta Bruselas, que ayer reconoció en su documento de anuncio de la investigación a la Comunitat que estaba al tanto de las observaciones del Tribunal de Cuentas valenciano. Y es que Eurostat reconoció ayer que depende de «datos fundados para tomar decisiones fundadas y de estadísticas fidedignas para formular políticas basadas en los hechos», por lo que la Comisión advirtió de que utilizará todos los medios a su disposición para velar por que así sea.

La advertencia de ayer a la Generalitat es la primera que Europa realiza a una región de un Estado miembro, dentro de los nuevos instrumentos legislativos de gobernanza económica. Así, con la Comunitat la Comisión Europea estrena el 'Six Pack', creado para investigar los presuntos casos de manipulación de datos de déficit y de deuda.

Finalmente, si se confirma que la Comunitat falseó sus datos de déficit de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, la sanción no recaerá sobre el Gobierno autonómico, sino sobre el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que es de quien depende finalmente el déficit de las comunidades. De hecho, es por la modificación del dato estatal por el que Bruselas comenzó su investigación previa, de la que determinó que la culpable del desvío era la Comunitat. En caso de que se compruebe que así ha sido, España se enfrentaría a una multa económica de un máximo del 0,2% de su PIB (unos 2.000 millones de euros).

En esta ocasión, las numerosas facturas en el cajón que la Generalitat ha venido almacenando durante los últimos años han destapado el problema. Las fechas sobre las que ahora Bruselas pone la lupa se corresponden con las de los años de gestión del anterior Consell, con el expresidente Francisco Camps, y con los exconsellers Gerardo Camps y José Manuel Vela, al frente de las finanzas autonómicas.

Aunque la oposición ha venido denunciado esta práctica históricamente, hasta la implantación de los planes de reequilibrio financieros impuestos por Bruselas y por el Gobierno central, no se había puesto coto a esta práctica. De hecho, con la creación del plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica, el Consell aprovechó la llegada de fondos públicos para vaciar los cajones de este tipo de facturas. Fuentes del Ejecutivo las llegaron a cifrar entonces en más de 300.000, con un coste superior a los 2.000 millones de euros.

La jugada era sencilla. El Consell acumulaba facturas de gastos que no tenían consignación presupuestaria por falta de fondos para abonarlas. La obligación, no reconocida, no constaba en ningún registro, por lo que no generaba deuda. Por supuesto, tampoco déficit. Pero su afloramiento para que el Consell pudiera acogerse al pago a proveedores dejó más de 1.800 millones en facturas a la vista. Y su correspondiente cómputo de déficit. Algo que se podía comprobar con al revisión que el Ministerio de Hacienda realizaba puntualmente de los datos de ingresos y gastos de la Comunitat.

Por poner un ejemplo, el dato de déficit de 2011 pasó del 3,68% de febrero de 2012 al 5,12% en marzo de 2013, cuando se conoció el dato definitivo. Ahora, con la llegada del actual conseller, Juan Carlos Moragues, a Hacienda, se ha puesto coto a este tipo de facturas ocultas, que deben contabilizarse en la ya famosa cuenta 409, en la que el Consell recoge este tipo de gastos sin consignación presupuestaria.