Cotino: «El informe de la policía que ayer se difundió es un refrito de las acusaciones que ya se conocían»

El presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha asegurado hoy que las acusaciones contra él que aparecen en el informe difundido ayer por la Policía son falsas y ha afirmado que se trata de "un refrito de las acusaciones que ya se conocían".

El exconseller de Bienestar Social ha reiterado que durante la visita del Papa a Valencia en 2006 participó como voluntario y que no es "responsable de ninguna concesión" durante el evento. Cotino ha atribuido al policía que investiga el caso "exceso de celo" y ha anunciado que ampliará la denuncia que ya interpuso en su día contra dicho policía.

Asimismo, ha evitado responder a la pregunta de si cuenta con el apoyo de su partido y del Consell, y ha recordado que no está imputado y que por lo tanto no está afectado por la línea roja de Fabra sobre la corrupción.

Cotino ha hecho estas declaraciones a los medios tras haberse conocido un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía que le considera "elemento nuclear" en las decisiones sobre las contrataciones con la trama Gürtel para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

El informe de la UDEF

El actual presidente de Les Corts siempre ha defendido que durante la Visita de Papa a Valencia, en 2006, actuó como un voluntario más». Uno de los miles de peregrinos que llenaron el cauce del Turia para asistir al V Encuentro Mundial de las Familias en el que la trama Gürtel acabó haciendo negocio. Aunque la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) cree más bien todo lo contrario. En un informe entregado al juez del TSJCV que investiga las irregularidades de los contratos del eventos, la Policía sitúa a Cotino en el epicentro de los tejemanejes que hicieron posible que la trama se llevara el sustancioso contrato de más de 7,4 millones que RTVV pagó por los servicios de audio y sonido que acabaron recayendo en una empresa pantalla de la trama: Teconsa. «Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser responsable último de la toma de decisiones» de la Fundación que se constituyó para la gestión de todo lo relacionado con la visita de Benedicto XVI. Unas afirmaciones que comprometen a la segunda autoridad de la Comunitat, que podrían acarrearle una declaración ante el juez.

En un documento de 167 páginas que ya tiene en su mesa el magistrado José Ceres desde el pasado miércoles, la brigada que fiscaliza los delitos económicos analiza cómo la trama (a través de Teconsa) se hizo con el millonario contrato que adjudicó RTVV, quiénes fueron los protagonistas de ese amaño y qué beneficios consiguieron las partes con las presuntas irregularidades cometidas. En sus conclusiones, la Policía ve acreditado que los cabecillas de la trama (Pablo Crespo, Francisco Correa o Álvaro Pérez 'El Bigotes', entre otros) estaban realizando «actos preparatorios para la ejecución del evento» desde septiembre de 2005 bajo «el conocimiento previo que tenían de la celebración de los actos en julio de 2006». Paralelamente a la génesis de la operación fraudulenta, la Fundación que se constituyó entre la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado, y de la que «Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último de la toma de decisiones», iba adoptando resoluciones en relación a las necesidades que más beneficiaban a la trama. Así, separó los servicios a prestar en varios contratos, dejó en manos de Radiotelevisión Valenciana la retransmisión de la señal e, incluso, decidió que 'El Bigotes' fuera el intermediario a pesar de que suponía «un encarecimiento del coste de los servicios».

RTVV y Teconsa

Y los planes se cumplieron. El expediente administrativo «se construyó ad hoc» para que la sociedad empleada por Correa, Teconsa, lograra el contrato y después, adecuando los pliegos, las ofertas, el informe técnico, las actas de la mesa de contratación « y hasta el propio contrato entre RTVV y Teconsa» a «conveniencia» de la trama, y con la única oposición del entonces jefe técnico, Luis Sabater, también imputado en la pieza 4. En el amaño en favor de la trama cobra especial importancia para la Policía la «intervención directa» de Pedro García, exdirector de RTVV, a quien le atribuyen la firma del contrato con Teconsa a cambio de una «comtrapartida en la cantidad económica recibida de la organización de Correa, derivada del benefició que generó la operación». Así, según la UDEF, su intermediación en que la trama obtuviera el contrato millonario de la sonorización y el audio de la visita del Papa le revirtió «de forma indirecta mediante facturación ficticia por unos supuestos servicios prestados a sociedades vinculadas a familiares de su mujer». Hacienda ya acreditó en informes anteriores que García se había llevado casi 500.000 euros de comisión por su participación en el amaño, a través de dos empresas familiares.

El entorno del presidente de Les Corts tildó ayer de «venganza» de la policía el informe, tras la querella que Cotino presentó hace meses contra un agente que lo acusó de haberse reunido con Pablo Crespo, como aparecía en la agenda del gallego.

Aunque, según la Policía, la actuación de RTVV y de la trama en la organización de la visita del Papa «responde al modus operandi» de la organización de Correa en otros entes públicos donde actuó y que ya han sido o están siendo investigados por el TSJ, en las seis piezas que conforman el total de Gürtel en Valencia. Los agentes de la UDEF hacen también una dura descripción de cómo funcionaba la trama en la Comunitat. Hablan de una primera aproximación a los «responsables políticos con capacidad de gestión» en las Administraciones Públicas y a otras personas que, aunque formalmente no tuvieran poder ejecutivo, disponían de una posición con capacidad de decisión. Así, la trama se acercaba a esas personas y «mediante la entrega de agasajos» lograba la inserción de uno de los cabecillas en el núcleo duro «de la Generalitat Valenciana y de la formación gobernante (PPCV)». Con esas actuaciones, la trama lograba «disponer de un conocimiento privilegiado de las actuaciones y proyectos de la Administración autonómica y captar el negocio en origen, ofreciéndose a llevarlo a cabo».