
F. RICÓS
Sábado, 20 de septiembre 2014, 00:02
El Gobierno valenciano intensificó la presión y reclamó ayer a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que deje el acta de concejal tras acumular una nueva imputación. Después de que el pasado miércoles el jefe del Consell, Alberto Fabra, invitara a la primera autoridad local alicantina a reflexionar y dijese que «debe valorar» su permanencia en el cargo, la portavoz del Consell, tras la sesión plenaria del Ejecutivo autonómico, dejó claro el rumbo que tendría que tomar la mandataria popular alicantina: entrar en dique seco.
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María José Catalá afirmó que Sonia Castedo «conoce perfectamente la línea roja del presidente Fabra» sobre los imputados y los casos de corrupción «y pensamos que, consecuentemente, debe actuar».
Sonia Castedo está imputada por una de las piezas del 'caso Brugal' y ahora también por el plan urbanístico Rabasa, donde está previsto que se instale un gran centro comercial de muebles en Alicante.
La portavoz del Consell indicó en primer término, sobre si habían solicitado la dimisión de la alcaldesa de Alicante, que el Ejecutivo valenciano «no entra en valoraciones de carácter político» y que esa es una decisión personal porque el acta no es del partido. No obstante María José Catalá sacó a relucir la política aplicada por el presidente Fabra por la que todo aquel cargo público dependiente del Consell que ha sido imputado o bien ha sido invitado a dimitir del puesto o ha sido destituido de manera fulminante. «Todos en el PP conocen la línea roja que ha trazado Fabra», aseguró tajante la consellera.
«La alcaldesa de Alicante conoce perfectamente la línea roja del presidente Alberto Fabra y por lo tanto, pensamos que se debe actuar consecuentemente con esa línea establecida», agregó la portavoz del Gobierno valenciano.
Las declaraciones de María José Catalá se produjeron tras la defensa a ultranza que realizó el presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, de la alcaldesa de Alicante. Una postura que es la que el también presidente de la Diputación de Valencia mantiene respecto a las imputaciones de los cargos públicos. «Mientras no se demuestre lo contrario las personas no son culpables», aseguró.
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Rus señaló que cada uno «tiene una línea», en referencia directa a la línea roja que ha marcado el presidente Fabra a los meses de entrar a presidir el Gobierno autonómico. «Si hubiese hecho lo mismo que dijeron los del PSOE, que tuviéramos que encerrar a las personas, eso sería una barbaridad. Antes de saber la respuesta ya están poniendo por delante que es culpable. Mi idea siempre ha sido que vayan, la justicia está ahí y todo lo que demanda la justicia se tiene que contestar y después ya justicia dice usted es culpable o no es culpable», aseguró el dirigente de los populares valencianos, que nunca ha comulgado con la política de Alberto Fabra con los imputados de su partido.
El presidente Fabra aseguró el miércoles que quienes están en un cargo público deben ser ejemplares ante los ciudadanos y trasladó que debe de ser la propia Sonia Castedo quien «valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución» su implicación en esta nueva investigación judicial.
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Fabra se mostró consciente de que no puede hacer nada más ahora respecto a Sonia Castedo, pero sí puede actuar más adelante, en unos pocos meses, cuando haya que sentarse a elaborar las listas electorales para los comicios municipales y autonómicos del último domingo de mayo del año próximo: los imputados por corrupción no concurrirán en las candidaturas del PPCV ni a las elecciones locales ni a las autonómicas.
A la portavoz del Consell también se le preguntó durante su comparecencia por los supuestos encuentros desarrollados entre el empresario Enrique Ortiz y el presidente de Les Corts, Juan Cotino, para agilizar la puesta en marcha del plan Rabasa. En este sentido la consellera portavoz si bien se empleó a fondo al reclamar la dimisión de Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante, lanzó la mirada hacia otra parte al asegurar que el Gobierno valenciano no conoce todas las reuniones que se mantienen en la Comunitat Valenciana.
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Sin novedad con Montoro
A pesar de ello, Catalá apeló a la presunción de inocencia de las distintas partes en el proceso y a la labor profesional que desarrollan en la investigación judicial tanto los jueces, como los fiscales y la policía judicial.
Por otro lado, la portavoz del Consell aseguró que «no tenemos novedad» sobre la reunión solicitada con el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, entre el presidente de la Generalitat y una representación de los empresarios de la Comunitat para hablar sobre la mejora de la financiación autonómica y de las inversiones en los presupuestos del Estado para 2015. «El Consell continúa la comunicación con el Gobierno central», aseguró.
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Por lo que se refiere a la dotación económica que la Comunitat tendrá a los Presupuestos Generales del Estado para 2015, Catalá afirmó que «no renunciamos a nada». La portavoz dijo que todos los consellers están en contacto «con los ministerios correspondientes y evidentemente el de Hacienda con el Ministerio de Hacienda» para abordar las cuentas estatales del año próximo. «No hay una situación de incertidumbre, sabemos perfectamente el terreno en el que estamos trabajando con el ministerio», dijo.
La consellera agregó que están convencidos de que el ministerio «manifestará y mostrará su sensibilidad» hacia la Comunitat.
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