A Torró se le atragantan las mariscadas de Orengo

En octubre de 2013 el gobierno de Gandia desempolvó el cajón de las facturas de la pasada legislatura y detectó un presunto «desvío de fondos públicos» a UGT llevado a cabo por el socialista José Manuel Orengo. El ejecutivo popular denunció que este había gastado 15.000 euros de las arcas públicas en campañas, comidas, «mariscadas» y actos del sindicato.

El 19 de septiembre de 2014, casi un año después, el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, da marcha atrás. El munícipe remite un escrito al Tribunal de Cuentas para pedirle que archive el expediente puesto que «salvo una factura de un rótulo de dependencias municipales, todos los demás gastos se corresponden con atenciones protocolarias y representativas asumidas por el ayuntamiento».

El primer edil insiste en la misiva en que el consistorio considera «adecuadamente» documentados y justificados los gastos realizados, los cuales se corresponden «con actuaciones normales, propias y habituales de las entidades locales». Por este motivo, entiende Torró que procede retirar la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas «cuyo objetivo era precisamente la comprobación de los gastos realizados».

Sin embargo, el instructor no ha atendido la petición de Torró, al menos por el momento, ya que ha citado a declarar el próximo día 30 de octubre a las 12.30 horas en la sede del tribunal de Madrid a la edil socialista Ana García, que en el anterior mandato dirigía el departamento de Economía; y al interventor municipal. A Torró también se le ha convocado como denunciante.

La sorpresa llega con el concejal de Hacienda, Guillermo Barber, que se le cita junto a ellos por haber ordenado el pago de una de las facturas de alrededor de 500 euros correspondiente a un montaje de galardones del primero de mayo en el Palau Ducal. Desde el gobierno señalaron que Barber exigió dicho pago porque había que zanjar la deuda con el proveedor «a quien el PSPV no otorgó lo que le adeudaba en año y medio».

Algunas fuentes consultadas por este periódico apuntaron que el alcalde reclamó el archivo del caso para evitar que fueran citados altos funcionarios dado que en agosto, un mes antes, el Tribunal de Cuentas había solicitado el domicilio del interventor, del secretario y de la edil Ana García.

Otras señalan que Torró emprendió esta medida para evitar otra resolución contraria a su propia denuncia y, al mismo tiempo, evitar encausar a Guillermo Barber.

El coordinador de asuntos de alcaldía, Javier Reig, manifestó ayer que en el momento en que el Tribunal de Cuentas desoye la solicitud de Torró es «porque alguna irregularidad habrá visto en la gestión de los anteriores gobernantes».

«Campaña de acoso»

La acción de Torró ha ocasionado cierto asombro tanto entre los socialistas como en el seno del sindicato, ya que el pasado año los populares realizaron «una auténtica campaña de acoso y derribo y de desprestigio contra el PSPV y UGT», según indicaron estas formaciones.

El titular de Hacienda difundió entonces numerosos justificantes de actos de campaña, vinos de honor y restaurantes con el fin de «arrojar luz en un asunto que ni éticamente ni políticamente es correcto».

Asimismo, se convocó una comisión de investigación con todos los representantes políticos, UGT y altos funcionarios para resolver las supuestas irregularidades. El interventor concluyó que no había ninguna ilegalidad en las facturas.

El socialista José Manuel Orengo reiteró que nunca se había cometido ningún desvío de fondos públicos y que siempre había estado todo justificado. La solicitud del archivo, para Orengo, demuestra que es «una falsa acusación como todas las que está haciendo Torró, quien cada vez que echa una piedra al aire acaba cayéndole encima de su propia cabeza».

El secretario general de UGT, Raül Roselló, siempre ha asegurado que no hubo mariscadas, ni falsificación de facturas, ni desvío de dinero público y que el dinero que, según el PP otorgaron los socialistas para una campaña electoral, «no era para tal sino para una campaña institucional».

Roselló, ayer indicó que el deseo de retirar la demanda por parte del alcalde es un reconocimiento de lo que el sindicato ha defendido siempre: «que la actuación ha sido correcta y honesta». El líder sindical manifestó estar «muy satisfecho» con la «rectificación» de Torró aunque no hay que olvidar que se sigue investigando.