Un informe policial cifra en tres millones el dinero en 'B' que Orange Market recibió del PPCV

Un nuevo informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, aportado al 'caso Gürtel', cifra en 3.077.400 euros el dinero que recibió Orange Market en 'B' durante los años 2007 y 2008 «vinculado directa o indirectamente» con el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV).

Así consta en este informe que se ha incorporado a la pieza 1 del 'caso Gürtel', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que se investiga supuesto delito electoral.

El documento, bajo el título 'Identificación de los actos realizados para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en los años 2007-2008 por parte de Orange Market SL y análisis de las fórmulas de financiación de los mismos', fue reclamado por el Ministerio Fiscal.

La policía indica que la facturación de Orange Market al PPCV es «dual», ya que «por una parte se lleva a cabo una facturación real como consecuencia de los servicios prestados, en los que se extienden los correspondientes documentos mercantiles, se contabilizan las facturas y se hace la correspondiente repercusión del IVA», que la organización denomina 'Alicante'.

Según la UDEF, por otra parte existe «otro tipo de financiación ajena a los circuitos financieros legales, en los que el importe adeudado y cobrado no es soportado por una factura» y, por lo tanto, «no es contabilizado de forma oficial ni se incluye el IVA de la operación», que el partido llama 'Barcelona', «en directa alusión a los pagos denominados 'B0' cuando reúnen este tipo de características».

El informe policial subraya que «no existe una transparencia en los flujos financieros vinculados a los trabajos realizados por la sociedad valenciana para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en el periodo objeto de estudio».

Por otra parte, señala que la sociedad Orange Market no solo facturaba al PPCV como consecuencia de los trabajos realizados para este partido, sino que «existen sociedades del sector de la construcción domiciliadas en la Comunidad Valenciana que habían sido adjudicatarias de contratos públicos, que asumen parte de la deuda generada por el PPCV».

Al respecto, indica que éste es el caso de Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf, Grupo Vallalba o Enrique Ortiz e Hijos que «pagaron facturas por servicios supuestamente prestados por Orange Market, y cuyos importes reducen de forma directa la deuda generada por la formación política por los actos realizados por dicha sociedad».

Además de estas sociedades, la UDEF constata que diferentes personas físicas también realizaban aportaciones en el mismo sentido. Así, hace referencia a 'El Príncipe', Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; 'Sonia', la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; o 'RC', el diputado Ricardo Costa. También observa «facturación ficticia» por parte de 'El Cantante', Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Vallalba; 'EO', Enrique Ortíz; o 'EG0, Enrique Gimeno, vinculado con la sociedad Facsa). Asimismo, destaca que se realizaron facturas para reducir la deuda del PPCV a Construcciones Hormigones Martínez, Pavimentos del Sureste o al alcalde de Gandia, Arturo Torró, entre otros.