Caso Brugal: el caso de las basuras de Orihuela dio origen a una veintena de causas más

La investigación judicial en torno a la contrata de las basuras de la ciudad de Orihuela, destapada hace siete años y denominada caso Brugal, ha dado origen a casi una veintena de piezas separadas con supuestas ilegalidades en numerosos municipios de Alicante y Murcia, la mayoría en fase de instrucción.

La causa sobre esta rama original del Brugal tuvo un paso más ayer cuando se conoció que la jueza de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado procesar a 35 personas, entre ellos los ex alcaldes oriolanos del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina y el industrial Ángel Fenoll.

El auto, de 69 páginas y facilitado a EFE, refleja que esta causa sobre las supuestas irregularidades en las basuras de Orihuela comenzó el 8 de marzo de 2007 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

Ese día, el fiscal aportó al juzgado unas grabaciones con cámara oculta de Fenoll que descubrían unas conversaciones en las que, presuntamente, se daba cuenta de que una de las empresas que rivalizaba con la suya para hacerse con la multimillonaria contrata de residuos de Orihuela había ofrecido dinero a dirigentes políticos locales, en perjuicio de sus intereses.

Esa contrata de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria convocado por el ayuntamiento de Orihuela contaba con un precio de licitación de 8,5 millones de euros durante 10 años.

El juzgado oriolano decretó el 12 de abril de 2007 el secreto de las actuaciones y esta situación fue prolongándose durante casi tres años y medio, concretamente hasta el 2 de septiembre de 2010.

Durante esos años se emitieron hasta 112 autos autorizando diversas intervenciones telefónicas a los implicados que desvelaron otros posibles casos de corrupción.

A consecuencia del alud de información y de posibles nuevas causas en distintos partidos judiciales de las provincias de Alicante, principalmente, y también de Murcia, el juzgado de Orihuela fue repartiendo las investigaciones a otros órganos.

Todas las causas

De esta manera, mediante un auto del 4 de abril de 2008 se acordó el desglose de la parte de instrucción que se denominó plan Rabasa referente al plan parcial para la urbanización del norte de la ciudad de Alicante y se remitió la documentación a favor del juzgado decano de los de Instrucción de Alicante.

En este caso figura actualmente como imputada la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, y el constructor Enrique Ortiz, entre otros.

Además el 12 de marzo de 2010 se acordó la deducción de testimonio y la inhibición a favor de los juzgados de Instrucción de Cieza (Murcia) por un posible cohecho en vecina población de Fortuna.

El 12 de julio de 2010 también se acordó desglosar de la causa original de la contrata de basuras de Orihuela la parte relativa al proceso de adjudicación del plan zonal de gestión de residuos de la Zona XVII de Alicante, donde fue imputado el entonces presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll (PP), entre otros.

Otra de las ramas que se decidió crear fue la relativa al Plan General de Ordenación Urbana del ayuntamiento de Alicante, donde figura nuevamente imputada la alcaldesa Castedo, su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz.

También las que atañen a la contratación de una planta de transferencia de residuos tramitada en el ayuntamiento de Calpe; a la supuesta financiación irregular del PSOE de Abanilla (Murcia); a la recogida de algas de Orihuela y a supuestas irregularidades en la delegación provincial de Alicante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Asimismo, se desglosó otra pieza separada por un presunto delito medioambiental; por financiación irregular de la Fundación Hércules Club de Fútbol de Alicante; por los caminos a la planta de la mercantil Proambiente (propiedad de Fenoll); por presuntas irregularidades en la sociedad de Proyectos Temáticos, además de en los ayuntamientos alicantinos de Rafal, Bigastro, Algorfa, El Pilar de la Horadada, Jacarilla y en la contrata de recogida de basuras de Callosa de Segura.

La decimoctava, y última, de las ramas del Brugal se refiere a las supuestas irregularidades cometidas por la mercantil Autisa.