La fiscalía quiere que Barberá, Camps y otros cuarenta cargos públicos sean testigos en Nóos

La Fiscalía Anticorrupción quiere que un total de cuarenta cargos públicos valencianos y una veintena de empresarios y directivos de empresas declaren como testigos en el juicio oral del caso Nóos. El borrador del listado de testigos elaborado por el ministerio público incluye más de 320 nombres. Entre los valencianos, que suponen una de las partes fundamentales del listado, figuran el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

La propuesta del ministerio público, que aún está sujeta a posibles modificaciones, está compuesta por más de 320 pruebas testificales, una cifra desorbitada, que previsiblemente se verá modificada a la baja cuando se convierta en definitiva y que, en todo caso, es susceptible de ser recortada por el propio tribunal.

El documento al que ha tenido acceso este diario plantea el interrogatorio de los acusados -entre los que incluye a los cuatro imputados valencianos, sin incorporar por el momento al vicealcalde Alfonso Grau (Jorge Vela, Elisa Maldonado, José Manuel Aguilar y Luis Lobón)-. Y en el siguiente apartado identifica a todas las personas a las que se llama a declarar como testigos.

En el listado figura, entre otros responsables políticos, la alcaldesa de Valencia. El TSJ de la Comunitat ya descartó en septiembre del año pasado la posibilidad de imputar a Rita Barberá y a Francisco Camps, tal y como había solicitado la fiscalía, al no encontrar indicios suficientes para afirmar que hubieran incurrido de forma «personal, directa y voluntaria» en cualquiera de los delitos que apuntaba el ministerio público.

Pese a ello, Anticorrupción mantiene el nombre de la alcaldesa como testigo y quiere llamarla a declarar. Barberá ya se mostró el pasado lunes muy crítica con el contenido del auto de la Audiencia de Palma por el que se imputaba a su vicealcalde, Alfonso Grau, y en especial con la mención que hacía el texto a la posible revisión de su situación judicial. La alcaldesa consideró que el auto realizaba «juicios de valor gratuitos y extemporáneos».

El caso Nóos investiga, por lo que a su parte valenciana se refiere, el presunto desvío de fondos públicos al Instituto presidido por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar tres cumbres Valencia Summit de 2004 a 2006 -a pesar de que el coste real de las mismas apenas superó los 900.000 euros-, así como por elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que nunca se celebraron y por el que la falsa fundación cobró, sin contraprestación alguna, 382.204 euros.

La Fiscalía Anticorrupción también incluye en ese borrador de testigos llamados a declarar al eurodiputado valenciano Esteban González Pons. La firma del exconseller figura en el convenio firmado entre la administración valenciana y Noos para la celebración de los mencionados Juegos Europeos. Ante el juez de Nóos, en marzo de 2013, el dirigente popular ya declaró en calidad de testigo para remarcar que con su firma no se pagó «ni un euro público» a la entidad de Urdangarin.

Comida con Urdangarin

Entre los testigos figura también el exvicepresidente Vicente Rambla. Al también exdiputado -imputado en las piezas de Gürtel referidas a la supuesta financiación irregular del PPCV- se le sitúa en unas comidas a las que asistió en 2007 y 2008 junto a Urdangarin, el ex socio de este último Diego Torres, la alcaldesa Rita Barberá; la ex consellera valenciana de Cultura y Deporte Trinidad Miró y el empresario Miguel Zorío. Rambla ya declaró en su día ante el juez que en esas comidas se habló de posibles contrataciones del Instituto Nóos por parte de la Generalitat Valenciana.

Otro exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, figura también en la relación de testigos propuestos por Anticorrupción. También los exconsellers Fernando Villalonga, Trini Miró y Belén Juste, la exresponsable de la abogacía de la Generalitat Isabel Villaloga y el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

El concejal popular, y mano derecha de Barberá, figura en este listado como testigo, a pesar de que la Audiencia de Palma decidió reimputarle por los Valencia Summit. Grau protagonizó el pasado lunes protagonizó una agria comparecencia ante los medios de comunicación en relación con este asunto, que ha causado un profundo malestar en las filas populares.

En el listado figuran diversos funcionarios que han ocupado responsabilidades en presidencia de la Generalitat, como Ana Encabo, Ana Brusola o la directora general de Coordinación, María Jesús García. Fiscalía también cita a Ignacio Donderis, de la abogacía de la Generalitat, y al exdiputado José Marí Olano.

Comida con Urdangarin

Entre los testigos propuestos figura buena parte de la excúpula de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entre ellos la exresponsable jurídica María Ángeles Mallent, la exdirectora de marketing Ana Rosa Moreno y el que fuera apoderado de Cacsa hasta 2013, Marco Antonio Edesa. También figura el que fuera alto comisionado de la Generalitat para la Copa América, Eugenio Pérez Mifsud. Entre las ausencias, quizá la más destacada sea la del también exvicepresidente del Consell Gerardo Camps, que era presidente del consejo de administración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) cuando se firmaron los acuerdos y que en su día declaró como testigo por este caso ante el juez José Castro.

En el ámbito de la política municipal, y junto a la alcaldesa Barberá y al vicealcalde Grau, figuran como testigos propuestos por Anticorrupción la concejala Mairén Beneyto, el director de la Fundación Turismo Valencia José Salinas, su segundo en esta entidad, Jaume Mata y el abogado Mariano Ayuso -responsable de los servicios jurídicos de la entidad-.

Los empresarios

El capítulo de los empresarios y directivos de empresa llamados a declarar por Anticorrupción, siempre como testigos, también es notable. Entre los mencionados, los constructores Juan Bautista Soler y Juan A. Armiñana, el empresario del sector inmobiliario y expresidente del Valencia C.F. Vicente Soriano y el presidente de Aguas de Valencia Eugenio Calabuig.

Entre los testigos propuestos figura Miguel Zorío, responsable de Lobby comunicación, así como otros directivos de su firma. También el empresario azulejero, Fernando Roig, su hermano Francisco Roig, así como los expresidentes de Feria Valencia, Alberto Catalá, y Cierval, Rafael Ferrando. También el exsecretario general de la Feria, Enrique Calomarde, el secretario general de CEV, Ricardo Miralles, el presidente de los hosteleros, Juan Carlos Gelabert y el de las agencias de viajes, Vicente Blasco Infante.

También figuran los nombres de los responsables de diversos establecimientos hoteleros o de firmas del ámbito turístico que formaron parte del patronato y al ejecutivo de Turismo Valencia Convention Bureau entre 2004 y 2007.

Políticos de la oposición

En el listado de testigos figuran también los nombres de los portavoces de Compromís, Enric Morera, y EU, Ignacio Blanco, así como los de dos profesores universitarios y el del responsable de la Intervención General de la Administración del Estado en la Comunitat Valenciana, Joaquín Manuel Falomir.

Las fuentes consultadas por este diario dieron ayer por hecho que la lista definitiva de testigos propuestos por el ministerio público se verá recortada de forma sustancial, y asumieron que un número tan alto de testificales eternizaría el proceso.

Las mismas fuentes remarcaron que todo apunta a que el juicio oral del caso Nóos no se celebrará antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.