La cárcel aguarda a Carlos Fabra

Cinco días para ingresar en prisión. Ese es el plazo del que dispone Carlos Fabra para entrar voluntariamente en la cárcel y cumplir así con la pena de cuatro años que le impuso el juzgado de Castellón ahora hace un año por haber defraudado a Hacienda en cuatro ejercicios fiscales distintos.

Hoy la Audiencia de Castellón ha citado a Fabra a las 11.30 horas para notificarle esta decisión y, además, para que el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón presente su preferencia en cuanto al centro penitenciario donde quisiera cumplir la condena.

Esta providencia se hizo pública ayer tras recibir la sección primera de la Audiencia la notificación de que el Gobierno central había denegado la petición de indulto de Fabra y el plazo de cinco días empezará hoy miércoles por lo que Carlos Fabra deberá ingresar en prisión, como muy tarde, la próxima semana.

Llegados a este punto, la defensa del exmandatario popular tiene un plazo de tres días para presentar un recurso de súplica que, en caso de presentarse, ampliaría este plazo ya que deberían pronunciarse la partes: Fiscalía y también acusación particular. En este escrito, el abogado de Carlos Fabra podría alegar motivos de salud, como ya hiciera a la hora de presentar el indulto, e incluso otro aplazamiento hasta que el Constitucional revise su caso.

Un movimiento que no sería de extrañar ya que la defensa del exmandatario se ha caracterizado por una estrategia dilatoria del proceso judicial. No obstante, Fabra conoce de antemano la opinión tanto de la sala, que le condenó, como de la Fiscalía que se ha opuesto públicamente al indulto e, incluso, al aplazamiento que logró hasta conocer si era indultado.

Fabra ya ha apuntado que va a solicitar no cumplir la pena en ninguna de las dos cárceles que hay en la provincia, Castellón y Albocàsser, porque hay presos peligrosos en ellas y masificación. Sin embargo, a todas luces, se agota el tiempo de libertad de Carlos Fabra a lo que se suma la rapidez con la que ha actuado la Audiencia de Castellón para emitir la ejecutoria del fallo.

Tras conocerse este hecho los principales referentes del PP de la provincia, Isabel Bonig, coordinadora regional, y Javier Moliner, presidente, se limitaron a señalar que respetaban las decisiones judiciales.

Con esta última providencia se pone fin al caso más mediático de la historia de Castellón, que arrancó en diciembre de 2003 cuando un empresario y amigo de Fabra presentara una denuncia contra quien dirigía la Diputación y ostentaba la presidencia del PP en Castellón.

Vicente Vilar, dueño de la empresa Naranjax, interpuso una denuncia contra Fabra a quien le unía una amistad de años y cuyas mujeres, además, eran socias. En su denuncia recriminaba al dirigente que le hubiera cobrado cantidades millonarias a cambio de que el dirigente presionara a altos cargos de la Administración para legaliza productos fitosanitarios que, por cierto, luego comercializaban repartiéndose beneficios.

Tras nueve años de una complicada instrucción y con nueve cambios de juez en el proceso, al final se abrió juicio oral en 2013. Fabra se sentó imputado por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales y con una petición de 13 años de cárcel. Sin embargo, ninguna prueba pericial ni testifical avaló lo que denunciaba Vilar quien, además, se desdijo y pidió disculpas por las denuncias a Fabra.

Ante la denuncia Hacienda inició una investigación paralela para conocer los movimientos bancarios y patrimoniales del matrimonio Fabra. Esa minuciosa inspección ha acabado por condenar al histórico líder del PP castellonense a cuatro años de prisión y una multa de cerca de 1,4 millones de euros.