La Audiencia ve «apariencia delictiva» en adjudicaciones de Castellano a Taroncher

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ordenó en diciembre de 1014 reabrir la investigación judicial sobre adjudicaciones realizadas por Serafín Castellano cuando fue conseller de Sanidad y de Gobernación, en favor del empresario y amigo José Miguel Pérez Taroncher al observar en ellas «apariencia delictiva».

La reapertura del 'caso Taroncher' se produjo con la readmisión a trámite de la querella interpuesta por la Asociación contra la Corrupción contra el exconseller, su mujer, el empresario y la esposa de este por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función.

La querella la archivó primero el Tribunal Superior de Justicia -Castellano era aforado-, se presentó otra en un juzgado de ordinario que decidió en junio de 2014 pasado sobreseer las actuaciones.

La apertura de esta investigación llegó cinco semanas después de que la Fiscalía de Madrid remitiera a Anticorrupción de Valencia la investigación sobre si Serafín Castellano favoreció a Avialsa a la que le adjudicó contratos de extinción de incendios. Esta es la empresa del contratista con el que Castellano ha ido de caza.

La Audiencia de Valencia indicó, tras la apelación presentada, que no podía compartir los argumentos para el sobreseimiento y en el auto reconocía que, «en efecto, no se exponen en la querella de una forma concreta y determinada hechos que integren todo y cada uno de los elementos típicos de la infracciones penales que se imputan en la misma (prevaricación y malversación de caudales públicos)». Pero indicaba que «se exponen hechos de apariencia delictiva que, además, por sus características, revisten una indudable gravedad en la medida en que la actividad delictiva se habría ejecutado con relación a fondos públicos y contando, con mayor o menor grado de responsabilidad, con la participación de autoridades y funcionarios públicos».

La Audiencia indicó que la entidad denunciante sostiene que «existía y existe una relación de amistad íntima entre el matrimonio formado por los querellados (Castellano y Taroncher y sus respectivas esposas) y se aportan informaciones y un elemento probatorio de relevancia: la adquisición por parte de ambos matrimonios pro indiviso de dos inmuebles en los años 2006 y 2008».

Agregaba que «los querellados tenían una empresa dedicada a la construcción que experimentó una expansión notable en cuanto a su capital social y su facturación a partir de que comenzara a ser contratada por al Generalitat».

«El primer elemento que se valora como sospechoso en ese incremento de facturación es que coincidió con el acceso del señor Castellano a la titularidad de la Conselleria de Sanidad y que la contratación de la empresa de los querellados por parte de la Generalitat en esa primera etapa tuvo lugar exclusivamente a través de la citada conselleria».

El exconseller y actual delegado del Gobierno, Serafín Castellano afirmó que «pueden investigar donde quieran, cuanto quieran y lo que quieran» y que la justicia «tendrá total colaboración». El político valenciano aseguró que en absoluto teme ser imputado en la instrucción.