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El Síndic de Comptes recuerda que desde 2007 ha advertido de irregularidades en la F-1

Advierte de que la deuda se incrementa con el FLA y el Plan de Pago a Proveedores

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Lunes, 22 de diciembre 2014, 11:38

l síndic mayor de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha recordado este lunes que la Sindicatura lleva desde 2007 "poniendo de manifiesto deficiencias fundamentalmente contables", en el Circuito del Motor, además de en el Ente Gestor de Transporte y la Sociedad de Proyectos Temáticos.

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Así lo ha asegurado Vicente Queralt, tras entregar el informe de 2013 al presidente de la Cámara, Alejandro Font de Mora, y al ser preguntado por los periodistas por si detectaron alguna anomalía respecto a la compra de Valmor Sport por parte del Consell, después de que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia se haya querellado contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado Francisco Camps, la exconsellera y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

"La Sindicatura desde 2007 está poniendo de manifiesto deficiencias fundamentalmente contables a través de tres instituciones, el Ente Gestor de Transportes, la Sociedad de Proyectos Temáticos y, fundamentalmente, Circuito del Motor", ha manifestado el Síndic.

En este sentido, ha subrayado: "Yo me remito estrictamente a lo que dicen los informes, algunos de ellos ampliamente y con una insistencia en todas las incidencias que desde el ámbito fiscalizador hemos encontrado". "Dicho está desde el año 2007", ha resaltado.

Preguntado por si fue correcto asumir la deuda de Valmor, ha recordado que desde la Sindicatura de Comptes emitieron "un juicio crítico" a lo que detectaron tras realizar "una fiscalización muy exhaustiva". "A partir de ahí ya tienen que ser otros, la jurisdicción penal, quien lo diga", ha señalado.

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Rafael Vicente Queralt, preguntado por si han aparecen deficiencias o irregularidades en el informe de 2013 que pueden acabar en los juzgados, ha indicado que la función que realizan es de "fiscalización de la actividad administrativa". "Si encontráramos algo que desde nuestro punto de vista supone que hay una responsabilidad penal, lo denunciaríamos, pero nosotros llegamos hasta un punto", ha apostillado.

Al respecto, ha indicado que sus informes los envían al Tribunal de Cuentas y ha aseverado que "muchas de las cosas que están en los juzgados las ha advertido --este órgano-- y ha colaborado con la justicia penal.".

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"Prácticamente todos los procesos que han acabado en la jurisdicción penal han sido advertidos como incidencias o irregularidades en nuestros informes hasta el punto al que llega la actividad fiscalizadora", ha manifestado el síndic, quien ha resaltado que "a partir de ahí son otros los que tienen que investigar y creo que en ese sentido se está haciendo muy bien".

Aumento de la deuda por el FLA

La Sindicatura de Comptes ha advertido hoy de que los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Gobierno, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Plan de Pago a Proveedores, han generado un incremento sustancial del endeudamiento de la Comunitat Valenciana.

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Así lo ha asegurado el sindic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, tras entregar al presidente de Les Corts, Alejandro Font de Mora, y a los grupos parlamentarios el informe de fiscalización del sector público autonómico del ejercicio de 2013.

Ha destacado que el endeudamiento es el dato que más ha crecido como consecuencia de la puesta al día de los pagos en materia de sanidad, y ha señalado que los ingresos de la Generalitat siguen cayendo, aunque no al mismo ritmo que el año pasado.

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El informe de la Sindicatura advierte también de que los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores no recogen los derivados de algunos convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 1.348 millones de euros.

Asimismo, refleja la existencia en el balance de 1.098,7 millones de gastos sanitarios pendientes de aplicar al presupuesto, y 95,8 millones por las facturas de farmacia del mes de diciembre de 2013, y considera que la provisión para insolvencias debería incrementarse en 338,2 millones para cubrir la totalidad de derechos de dudoso cobro.

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