El Tribunal de Cuentas pide condenar al equipo de Orengo por las facturas pagadas a UGT

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en algunas facturas que el anterior gobierno socialista de Gandia, liderado por José Manuel Orengo, pagó a UGT. Por este motivo, ha propuesto condenar al interventor del ayuntamiento y a la exconcejala de Hacienda Ana García a pagar de su bolsillo un montante económico de casi 11.000 euros.

Este episodio también salpica al actual regidor de Economía, Guillermo Barber, quien firmó el pago de un justificante del mandato de Orengo por valor de 300 euros. Por tanto, también deberá abonar esta cuantía. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas publicó hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un edicto a través del cual alude a «un posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 10.964,94 euros».

El organismo agrega que este se ha producido «como consecuencia de las irregularidades detectadas en la imputación de determinadas facturas a la contabilidad del Ayuntamiento de Gandía». Los tíquets, al parecer, no estaban bien justificados.

Los conceptos a los que hace refrencia el Tribunal de Cuentas están relacionados «con actividades promovidas por el sindicato UGT durante los ejercicios presupuestarios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011».

El magistrado ha convocado a los responsables a comparecer dentro del plazo de nueve días. Estos podrán presentar alegaciones. Por el momento, según fuentes del gobierno, los tres afectados ya han consignado las cantidades que deben pagar. Una vez concluido este trámite, se decidirá si finalmente se les condena o no. El instructor del caso citó a declarar el 30 de octubre en la sede del tribunal de Madrid a la edil socialista Ana García, al interventor municipal y al popular Barber. A este último concretamente se le llamó por haber ordenado el pago de una de las facturas de alrededor de 300 euros correspondiente a un montaje de galardones del primero de mayo en el Palau Ducal.

El regidor de Hacienda exigió dicho pago porque había que zanjar la deuda con el proveedor «a quien el PSPV no otorgó lo que le adeudaba en año y medio».

El cajón de las facturas

El caso arranca en octubre de 2013, cuando el gobierno de Gandia desempolvó el cajón de las facturas de la pasada legislatura y detectó un presunto «desvío de fondos públicos» a UGT llevado a cabo por el actual número tres de Ximo Puig. El ejecutivo popular denunció que este había gastado 15.000 euros de las arcas públicas en campañas, comidas, «mariscadas» y actos del sindicato.

Sin embargo, el 19 de septiembre de 2014, casi un año después, el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, dio marcha atrás. El munícipe remitió un escrito al Tribunal de Cuentas para pedirle que archivara el expediente puesto que «salvo una factura de un rótulo de dependencias municipales, todos los demás gastos se corresponden con atenciones protocolarias y representativas asumidas por el ayuntamiento».

Este gesto ocasionó una enorme sorpresa en el seno del consistorio y diferentes reacciones políticas. El primer edil insistió en la misiva en que el consistorio consideraba «adecuadamente» documentados y justificados los gastos realizados, los cuales se corresponden «con actuaciones normales, propias y habituales de las entidades locales». Por este motivo, creía Torró que había que retirar la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas «cuyo objetivo era la comprobación de los gastos realizados».

La oposición no entendía el porqué de este repentino giro después de las reiteradas denuncias por parte de Torró. El primer edil admitió un día después que pidió retirar la demanda para evitar que el caso involucrara al secretario y al interventor. «Los altos funcionarios no tienen la culpa de las oscuras gestiones de los socialistas. Están fuera del juego político», remarcó el alcalde. El Tribunal de Cuentas no atendió la solicitud de Torró y siguió investigando.

El coordinador de asuntos de alcaldía, Javier Reig, ya apuntó que en el momento en que el Tribunal de Cuentas desoye la solicitud de Torró es «porque alguna irregularidad habrá visto en la gestión de los anteriores gobernantes». Orengo, por su parte, reiteró que nunca se había cometido ningún desvío de fondos públicos y que siempre había estado todo justificado.