Altos cargos de al menos tres consellerías negociaron asumir la deuda de Valmor

El escrito de la fiscalía por el desvío de fondos públicos en la organización de las pruebas de Fórmula 1 celebradas en Valencia ofrece una versión de los hechos según la cual el Consell fue engañado por uno de sus miembros, la entonces consellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson. Sin embargo, gran parte de los consellers, así como un buen número de miembros del segundo escalafón de la Administración, conocía los detalles de la operación previamente a que se anunciase. Altos cargos de la Generalitat de al menos tres consellerías mantuvieron numerosas reuniones antes de que el Gobierno de Alberto Fabra asumiese la deuda de Valmor al ser adquirida por el precio simbólico de un euro.

Señala la fiscalía que el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps sabía que gran parte del proceso por el cual Valmor se hizo cargo de la carrera era ilegal. El ministerio público igualmente asegura que Johnson firmó en julio de 2011 la prórroga del contrato para seguir celebrando la carrera «sin tener competencia» para hacerlo y también sabiendo que la rúbrica de uno de los firmantes (el entonces director de la Sociedad de Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras) «se estampó en el contrato sin que éste lo supiera». El querellante afirma que el entonces secretario autonómico Luis Lobón confirma que la compra era una decisión «tomada de antes» de llegar al pleno del Consell.

Según el ministerio público, tanto la entonces vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, como Johnson, al igual que los consellers de Economía y el de Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela, respectivamente, asistieron en octubre de 2011 a una reunión donde miembros de Valmor plantearon que la empresa era «insostenible», «el negocio no era rentable y se encontraba en suspensión de pagos». Todo el mundo sabía muchas cosas, y sin embargo...

Engaño masivo

La operación de absorción de Valmor y sus consecuencias eran cualquier cosa menos un secreto, a tenor de las reuniones previas celebradas para tratar el tema por parte de los altos cargos de la Generalitat. Sin embargo, semanas después, el 9 de diciembre de 2011, Johnson, según la fiscalía, engañó a todo el Consell al no decirles que la compra suponía asumir sus deudas.

De tratarse de una mentira de Johnson a sus compañeros de gobierno, sus patas fueron extremadamente cortas. Menos de 24 horas después de que se hiciese público su intención de adquirir Valmor, cuatro periódicos (tanto LAS PROVINCIAS como ABC, El País y Levante) informaron de que la compra (de la que dio parte la propia Johnson por ser la portavoz del Consell) suponía asumir una deuda cercana a 30 millones. De hecho, meses atrás, en septiembre, al menos dos medios de comunicación informaron de la posible adquisición y de que el Consell se mostraba dispuesto a asumir el pasivo de Valmor.

El 7 de marzo de 2012, tal y como se recoge en el escrito de la fiscalía e informó la prensa valenciana (aludiendo de nuevo al pasivo que aceptaba la Generalitat), «se elevó a escritura pública el contrato por el que el Circuito del Motor compraba las acciones de Valmor» incorporando «todas las deudas de las que Johnson no informó» al Consell, sostiene la tesis querellante.

Compra de Valmor

«Cuando un asunto de importancia estratégica como ese llega al pleno del Gobierno autonómico, aunque sea un tema fuera del orden del día y por vía de urgencia, está atado y bien atado. Decir que el Consell fue engañado cuando compró Valmor es no conocer el funcionamiento de la Generalitat», explica un exalto cargo de la Administración valenciana. Otras fuentes conocedoras de la negociación confirman que se celebraron varias reuniones previas al anuncio de la compra realizado en diciembre de 2011, en las que participaron tanto miembros de la conselleria de Turismo y Deportes (como Luis Lobón), así como otros secretarios autonómicos de Hacienda y de Economía, además de responsables del Circuito del Motor de Cheste.

La patata caliente de la deuda no era un asunto que conociesen únicamente miembros del equipo de Gobierno de Fabra. Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, se mantuvieron reuniones con el expiloto Adrián Campos para que fuese él quien tomase el testigo de Valmor, posibilidad que el alcireño descartó principalmente por una razón: no quería asumir esa deuda que supuestamente ocultó Johnson.

La consellera se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2012. Un año después se incorporó al círculo de confianza más cercano al presidente de la Generalitat, ya que en diciembre de 2013 Fabra la nombró secretaria autonómica de Comunicación, puesto del que fue relevada cinco meses más tarde al ser imputada por su supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial que llevó al cierre de RTVV.

Fabra afirmó el pasado sábado que no siente cuestionada su gestión al frente del Consell por la querella interpuesta por la fiscalía, y preguntado hace una semana hasta en cinco ocasiones si Johnson le había engañado como sostiene el fiscal, el presidente se limitó a comentar:«No entro a valorar el informe de la fiscalía, nosotros vamos a colaborar con la Justicia para que se deriven las responsabilidades de cada uno».

Otro de los que también debió de ser supuestamente engañado fue el entonces conseller de Gobernación y ahora delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, que el pasado martes tampoco quiso entrar a valorar esta cuestión y mostró su respeto «total y absoluto» a cualquier tipo de actuación judicial.

Pleno del Consell

«Cuando un asunto va al pleno del Consell con un cariz tan político como lo de Valmor, los gabinetes de Presidencia te obligan a revisarlo previamente durante semanas. Una decisión así debe tener el visto bueno de Hacienda, porque Cultura no tiene autonomía y al final quien emite el pago es Hacienda. Cualquier inversión fuerte, por ejemplo, del Circuito de Cheste, incluso las ya pautadas, se ejecutaban tras celebrar reuniones entre varios miembros de distintas consellerías», indica el exalto cargo de la Generalitat, quien recuerda que, entonces, al frente de Hacienda estaba José Manuel Vela, «y conociéndolo, que era un maniático de la fiscalización y ya actuaba así cuando era la mano derecha de Gerardo Camps (conseller de Economía y Hacienda hasta 2011), una decisión de esa magnitud no podía hacerse al margen del control de su conselleria. Un engaño como el que se explica en la querella del fiscal no es posible».

La oposición al PP mostró su satisfacción al anunciarse el jueves 18 de diciembre la querella que atribuye tanto a Camps como a Johnson los delitos de malversación y prevaricación (a Johnson, además, el de delito societario), mientras que al empresario Jorge Martínez Aspar el de ser cooperador necesario en la malversación y prevaricación. Días después, Ximo Puig matizó la interpretación del fiscal sobre el supuesto engaño de Johnson a Fabra. El secretario general del PSPV consideró el pasado domingo que «el final de esta película no está escrito aún y lo que etá claro es que el guionista final es Fabra». Por su parte, el candidato de EU a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, aseguró que «es difícil de creer que una consellera engañara a todo un Consell y especialmente a su presidente. Hay varios delitos que ya han sido puestos de manifiesto, pero especialmente relevante es el papel de Fabra», el principal engañado, según el fiscal.