Admitida a trámite una querella contra concejala de Urbanismo de Alicante por prevaricación urbanística

El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha admitido a trámite una querella criminal contra la concejala de Urbanismo de Alicante, Marta García Romeu, y el jefe de servicio de Control Urbanístico y Ambiental del consistorio por un presunto delito de prevaricación urbanística.

En el auto, de fecha 10 de noviembre y facilitado este jueves por Unión Progreso y Democracia (UPyD), el Juzgado admite a trámite la querella presentada por los vecinos del Edificio Torre Deon Juan, e insta a la Concejalía de Urbanismo a que remita al juzgado copia de las actuaciones realizadas en diversos expedientes, así como que certifique la identidad que todos los funcionarios que han intervenido en estas actuaciones.

UPyD ha explicado en un comunicado que se trata una construcción anexa al edificio Torre Deon Juan, situado en la Avenida Países Escandinavos con la Avenida Costa Blanca en la Playa de San Juan. La formación política ha indicado que "los vecinos llevan reclamando desde hace mucho tiempo" y en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró ilegal la construcción.

Llopis ha apostillado que "sin embargo, el consistorio ha hecho caso omiso de esa sentencia, ha incumplido sistemáticamente sus propios decretos de demolición para restaurar la legalidad urbanística, como el dictado en febrero de 2013, y la propia Ley Urbanística que estable que es una competencia irrenunciable y de inexcusable del Ayuntamiento".

El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante y candidato a la Alcaldía, Fernando Llopis, ha remarcado que "en lugar de optar por una organización técnica que se rige por igualdad, mérito y capacidad, se buscan jefes serviles que siguen los dictados, lo que provoca actuaciones arbitrarias por parte de la administración y que pueden causar un perjuicio a todos los ciudadanos de Alicante en indemnizaciones".

El partido ha avanzado que si Marta García Romeu resulta imputada por un delito de prevaricación exigirá su "inmediata dimisión", así como que los funcionarios implicados sean apartados de las funciones por las que se les acusara.