El fiscal dice que Camps se saltó de «manera grosera» la ley con Valmor

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer el informe en el que concreta los indicios delictivos y el delito que aprecia en la actuación de Francisco Camps en la organización de la Fórmula 1. El TSJ pidió recientemente, en una providencia, esta información antes de decidir si admite a trámite la querella. Se trata de un procedimiento poco frecuente cuando es el ministerio fiscal el que interpone la denuncia.

Anticorrupción considera que existen «sólidos indicios» delictivos y que Camps se saltó «de manera grosera» el ordenamiento jurídico. Por un lado, según el escrito del fiscal, se concede a Valmor -empresa de Aspar, Fernando Roig y Bancaja- la organización de la prueba cuando, en realidad, fue Circuito del Motor la sociedad que se encargó de las carreras. «Camps negocia con Ecclestone todas las condiciones y le dice con quién debía contratar». Aspar supo desde el principio que ellos no correrían con estos gastos, segçun el fiscal.

El director de esta sociedad confirmó que el acuerdo se le impuso desde la Generalitat. «No se fijó precio por este contrato ni se pagó ni un euro por parte de Valmor». En definitiva, el fiscal cree que se interpuso una sociedad privada cuando el evento iba a correr a cargo de una firma pública. El escrito recuerda la amistad de Camps con Aspar y que este siempre quiso quedarse con una hipotética privatización del circuito de Cheste.

La segunda presunta irregularidad que destaca el escrito es el pago del canon por cada prueba a la Fórmula 1. Tras la carrera de 2008, los socios de Valmor «no habían obtenido los beneficios esperados».

La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) asume el coste de esta anualidad de 26 millones de dólares. El director de la SPTCV confesó al fiscal que fue Gerardo Camps quien le obligó a firmar. El ministerio público concluye que Camps eximió del cumplimiento del pago a unos particulares (Valmor) en perjuicio de los fondos públicos.

La Generalitat, avalista

El tercero de los hechos controvertidos es la salida de Bancaja de Valmor y cómo la Generalitat se convierte en avalista en julio de 2011. «Camps ordenó la firma del contrato de manera urgente incumpliendo de manera flagrante toda la normativa autonómica en materia de avales». Se llegó incluso a falsificar la firma del director de SPTCV, que estaba de viaje. Además, según el fiscal, Lola Johnson entonces consellera de Deportes carecía de competencias para firmar ese contrato. «Camps sabía que era el conseller de Hacienda quien debía firmarlo». No era la primera vez que el expresidente concedía un aval, según la documentación aportada por el fiscal. La querella considera que Camps cometió prevaricación y malversación.