S. P.
Viernes, 16 de enero 2015, 00:10
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps recriminó ayer al fiscal Anticorrupción Vicente Torres que no lo haya citado durante la fase de diligencias previas que han desembocado en una querella contra él y contra la exconsellera de Cultura Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez 'Aspar' por la compra de la firma organizador de la Fórmula 1, Valmor Sports, por parte del Consell.
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En un comunicado, Camps justifica en siete puntos que en su gestión política del gran evento «nunca hubo intención ni voluntad alguna en beneficiar directa o indirectamente a ninguna empresa o entidad». Así, el ex jefe del Consell asegura que la celebración de la Fórmula 1 en Valencia fue una decisión «estrictamente política, esencial para el posicionamiento de la Comunitat Valenciana de cara al exterior». Se enmarcó en una estrategia global junto a otros eventos con este objetivo, defiende. Además, todas las decisiones políticas adoptadas sobre esta cuestión «contaron con el soporte técnico y jurídico necesario», según recuerda en sus palabras. «La administración valenciana cuenta con especialistas, juristas y técnicos de primer nivel que no habrían consentido ninguna actuación fuera de la legalidad».
Para Camps, resulta «sorprendente» que el fiscal no lo haya llamado a declarar como testigo, como si ha hecho con altos cargos del Consell o con el propio magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Así, el expresidente cree que no ha podido dar sus propias explicaciones ante Anticorrupción y la única versión ha sido la de terceras personas, dejando como «única salida para la efectiva constatación de los hecho la presentación de una querella fundada en meras conjeturas y suposiciones y, no en hechos contrastados».
El expresidente defiende además que no se ha lucrado ni con esta actuación política «ni con ninguna otra». «Nunca existió ni intención ni voluntad alguna en beneficiar directa o indirectamente a ninguna persona o entidad». Según reza en el comunicado, «la Fórmula 1 fue una realidad y la celebración de los grandes premios un éxito de imagen y económico para la Comunitat, único objetivo de la realización de dicho evento».
El expresidente de la Generalitat insiste en que la decisión fue «pública, transparente, notoria en todos sus trámites, con todas las garantías legales exigidas», cuyo único interés general era el bien de los valencianos. Respecto a la renuncia a la organización de la prueba, Camps reconoce que la vocación del gran evento era de perdurabilidad y «solo la situación económica del país», u otras circunstancias que dice desconocer, desaconsejaron su continuidad, «no poniendo nunca en duda el acierto de su celebración. De hecho, se siguen celebrando los grandes premios de Fórmula 1 en Cataluña y en 20 países más, entre los que están los más importantes del mundo».
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El comunicado de Camps se produce semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara la presentación de una querella contra el exmandatario. Para el fiscal existen «sólidos indicios» delictivos de que el expresidente se saltó «de manera grosera» el ordenamiento jurídico. Así lo reconoce en su informe en el que concreta los indicios delictivos y el delito que aprecia en la actuación del popular en la organización de la Fórmula 1. Anticorrupción investiga, además, presuntas irregularidades en la compra de la empresa Valmor por parte del Consell.
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