Rafael Catalá: «Que una imputación quiebre una carrera política... Lo razonable sería la apertura del juicio»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afronta un final de legislatura con numerosos proyectos, pero poco tiempo para materializarlos. Llegó hace tres meses y medio, tras la marcha de Gallardón, a un departamento que conoce a la perfección porque fue secretario de Estado de Justicia. Tiene el reto de recuperar las relaciones con todos los sectores profesionales, deterioradas tras la etapa de su antecesor.

-Esta misma semana se ha alcanzado un acuerdo entre PP y PSOE para la lucha contra el terrorismo islamista, por desgracia de nuevo de actualidad tras los atentados en París.

-En temas de Estado siempre es importante el consenso. Especialmente entre los dos principales partidos. Por eso el acuerdo alcanzado el martes para dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir la amenaza yihadista tiene una gran relevancia. No sólo porque será beneficioso para España, sino también para toda la comunidad internacional.

-¿Cuáles son las principales novedades para combatir esta lacra?

-El punto de partida para lograr ese consenso serán las enmiendas en las que ha colaborado el Ministerio de Justicia, donde se introducen importantes novedades en la lucha contra este tipo de terrorismo, como la desvinculación entre el concepto de terrorista y la organización o grupo terrorista. Es decir, terrorista es quien comete un delito terrorista, aunque no sea miembro de una organización como tal. Con ello se pretende combatir mejor el fenómeno de los lobos solitarios. También se agrava la pena para los supuestos de captación o adoctrinamiento de menores o personas discapacitadas necesitadas de especial protección, y se tipifica el adiestramiento a través de Internet.

-Apenas tiene un año por delante en su Ministerio. ¿Qué proyectos puede afrontar su departamento?

-Tenemos la reforma del Código Penal para dar respuesta a nuevas realidades, en especial el terrorismo yihadista que hemos comentado anteriormente. Esperamos terminarla en dos meses. Otro aspecto es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agilizará el sistema. Los ciudadanos creen que la Justicia es lenta, pero eso no es verdad en términos generales. La mayoría de los asuntos se resuelve en meses. El resto -casos de corrupción, fundamentalmente- se alarga porque la ley procesal permite que sea así. Básicamente se debe a la regla de la conexidad: todo debe juzgarse en una misma causa. Pretendemos ir a otro modelo. Cada delito, una causa. Y que pueda instruirse en meses. Queremos también dotar a los jueces de un soporte legal para la investigación de intervenciones de las comunicaciones o sistemas tecnológicos. Perseguimos un equilibrio entre seguridad y derechos. Y luego, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que sólo lleguen a los tribunales los asuntos realmente importantes. La idea es que el resto se pueda resolver por otras vías (arbitraje o mediación).

-¿Conoce la línea roja de Fabra? ¿La comparte?

-Entiendo la decisión tomada por el presidente Fabra de que cualquier persona que participa en política no puede tener una causa abierta. Se trata de un gesto de transparencia y honorabilidad hacia los ciudadanos. Ahora bien, la imputación es una figura sometida a revisión. El concepto se ha contaminado porque parece que se trate de un preculpable. Esto no es cierto. Que por la mera imputación haya que quebrar una carrera política... Lo razonable sería situarla en la apertura de juicio.

-La pregunta viene al hilo del TSJ de la Comunitat, saturado por este tipo de asuntos. Se ha trasladado la idea de que la Comunitat tiene mayor corrupción que el resto.

-No hay estadísticas exactas. Estamos intentando promover un conjunto de reformas (CP, Estatuto Alto Cargo, Ley de Transparencia...) para combatir la corrupción. De igual modo, dotar de medios a los juzgados porque son casos muy complejos. Creo que la corrupción no es un fenómeno localizado geográficamente. Responde a la falta de controles de otra etapa. El sistema está funcionando porque los casos del pasado hoy los sometemos al control jurisdiccional.

-Aterrizó rodeado de la polémica por la ley de tasas. Ha anunciado que la revisará. ¿En qué sentido?

-La revisión está asociada con la idea generalizada de que el sistema actual limita el derecho al acceso a la Justicia. Antes de este mes quiero presentar una propuesta completa. La idea es bajar la cuantía y suprimir algunas tasas en la primera instancia. Pero, a fecha de hoy, el asunto no está cerrado. Se sigue trabajando en ello.

-Han dejado fuera la cuestión de los aforamientos. ¿Es partidario de limitarlo y a qué cargos?

-Mi antecesor hizo una propuesta muy ambiciosa. Desde el punto de vista jurídico es complejo, haría falta una reforma Constitucional. También se ha de estudiar la naturaleza. Se ha extendido la idea de que es un privilegio, pero necesariamente no es una mayor garantía. Es conveniente una reflexión porque el número de aforados es elevado. Constituiré un grupo de trabajo para esta cuestión.

-¿Considera que existe una excesiva politización de la Justicia?

-Cierto es que, en ocasiones, se han conocido casos en los que por ostentar una representación se está más sometido a acusaciones que luego se ven infundadas. Hay que revisar el papel de la acusación popular en determinados supuestos. Pero esto queda ya para el futuro, para la próxima legislatura.

-Hablábamos antes de limitar las instrucciones a seis y 18 meses. La sensación es que esto no servirá de nada si no hay más medios.

-Hemos planteado estos plazos. Porque el tiempo es un factor que debe formar parte de la actuación de los poderes públicos. Un compromiso de calidad. En todo caso, si el plazo no se puede cumplir por lo que sea existe la posibilidad de ampliar el periodo.

-¿Es favorable a que la instrucción recaiga en manos del fiscal?

-Ese es un buen debate. Yo me encontré en el Ministerio con una propuesta en este sentido. Pero no tenemos tiempo esta legislatura para afrontar una reforma de ese calado.

-Existe una necesidad de más jueces y fiscales. La última promoción sólo contempla tres plazas de jueces para la Comunitat.

-Trabajamos en ello. Es cierto que hay un 30% de juzgados por encima del baremo del Consejo, pero también que hay un 40% que están por debajo del módulo. Utilizamos la creación de órganos para descargar, autorizamos refuerzos y comisiones de servicio También pretendemos una reorganización interna para repartir juzgados. Y hay que recordar que la carga no es estable en el tiempo. Por ejemplo, se han creado juzgados de violencia. Pero, en algunos casos y por suerte, tienen una carga muy baja. Podemos revisar que reciban algunas competencias en materia penal. También queremos modificar la Ley Orgánica del Poder judicial para que los jueces decanos y las Salas de Gobierno puedan acordar la redistribución de las cargas de trabajo.

-Además, se ha reducido el presupuesto para jueces sustitutos y fiscales.

-Es cierto. Pero se ha ampliado para las sustituciones de ausencias temporales cortas por parte de sus propios compañeros. La realidad es que la justicia interina es un principio contrario a la calidad y la profesionalidad que todos deseamos. Por eso hemos buscado este mecanismo.

-La creación de los tribunales de instancia iba encaminada a que no fuera necesario un nuevo juzgado para la llegada de un juez.

-Esa posibilidad existe actualmente. La creamos en el 2003 con el concepto de oficina judicial.

-Eso no ha llegado a implantarse.

-Bueno, eso es opinable. El objetivo es establecer servicios comunes. Vamos a seguir impulsándolo en las seis comunidades donde mantenemos las competencias.

-Se barajó la unificación de partidos judiciales. Usted garantizó que se mantendrían las actuales divisiones en la Comunitat.

-Nuestro planteamiento es abordar proyectos posibles. Este consistía en revisar la Ley de Demarcación y Planta. Se puede hacer, pero requiere de más tiempo que esta legislatura. La mejor manera quizá no sea suprimir partidos sino la nueva organización del trabajo y el uso de nuevas tecnologías.

-Bueno, lo de las nuevas tecnologías en la justicia nunca llega. ¿Falta de presupuesto, compromiso...?

-Un poco de todo. También hay que tener en cuenta que en la Administración participan cuatro instituciones. Hay mucho por hacer. Nos estamos quedando a la zaga de otros servicios, como Sanidad, Hacienda, Seguridad Social Es absurdo que los jueces manejen un programa informático y los fiscales otro, por poner un ejemplo.

-Los nombramientos del Poder Judicial. Siempre se habla de la politización del organismo.

-La acreditación de la profesionalidad de los nombramientos es que pertenecen a la carrera profesional. Tienen derecho a su propia ideología, pero son profesionales. Lo otro es querer desacreditar.

-Indultos. Una valenciana lo ha pedido al no poder pagar una multa de 1.400 euros. ¿La presión mediática puede afectar a estas decisiones?

-El indulto tiene que estar acompañado del informe del órgano sentenciador y de la fiscalía. Sin ellos, por mucha difusión mediática.... Estamos haciendo un uso limitadísimo de este recurso. Se conceden menos del 1% de las solicitudes y nunca relacionados con corrupción, seguridad vial y fraude fiscal. En ningún caso se autoriza sin los informes favorables salvo circunstancias excepcionales.

-Esta semana ha visitado la Ciudad de la Justicia. Las sedes judiciales en la Comunitat no presentan un buen estado. Es una competencia de la Generalitat. ¿Puede contribuir el Ministerio de alguna forma?

-Las relaciones son fluidas. Hemos conseguido un crédito de seis millones para convenios con las comunidades que lo destinaremos a la asistencia jurídica gratuita, que siempre reivindican los gobiernos autonómicos. Pero podría estar vinculado a otras cuestiones, como la mejora de los edificios judiciales.