El PSPV pide tres años y medio de cárcel exdirigentes del PP por Gürtel

El PSPV solicita una pena de tres años y medio de prisión para los exresponsables del PPCV Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Cristina Ibáñez por presunta financiación ilegal en las elecciones de los años 2007 y 2008, dentro del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así consta en la calificación provisional del PSPV, que ejerce de acusación popular en esta causa, en relación a las piezas 1, 2 y 6 del procedimiento, en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal.

El PSPV acusa a Costa, Rambla y Serra como inductores de un delito electoral continuado, por el que les pide tres años y medio de cárcel y, alternativamente, les reclama tres años por un delito de falsedad continuada en documento mercantil.

A Ibáñez le acusa de un delito electoral continuado, y para ella solicita los tres años y medio de prisión sin ofrecer ninguna otra pena alternativa. Mientras que para otra exresponsable del PPCV, Yolanda García, quien fue gerente del partido, reclama un año y medio de cárcel por delito electoral.

Para los presuntos cabecillas de la trama, los socialistas solicitan penas que oscilan entre los 12 y 15 años de prisión. Así, reclaman 12 años para el que fuera consejero delegado de Orange Market S.L., Cándido Herrero; y 15 años para Pérez, conocido como 'El Bigotes', responsable de Orange; Pablo Crespo, número dos de la trama; y Francisco Correa, principal responsable de empresas como Orange o Special Events. Así mismo, solicitan seis años de prisión para un empresario que supuestamente colaboró con la trama, José Ramón Blanco Balín.

El PSPV también dirige su acusación contra 10 empresarios y solicita para todos ellos una pena de un año y medio de prisión. Se trata de Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y porteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--; y José Enrique Fresquet.

Respecto a las piezas 1 y 2, el PSPV considera que ha quedado "constatado", tras la investigación de la financiación y forma de pago de las prestaciones de servicios de Orange Market al PPCV con respecto a las elecciones autonómicas de 2007 y elecciones municipales del año 2008, que en las mismas se produjeron tanto ingresos como gastos de naturaleza electora que no fueron declarados como correspondía, es decir, no fueron presentados ni al Tribunal de Cuentas ni a la Sindicatura de Cuentas para su contabilización.

En cuanto a la pieza 6 indica que queda también "constatado" cómo las actuaciones de financiación irregular del PPCV han tenido una repercusión fraudulenta tanto a nivel tributario como fiscal, no solo en Orange sino también de forma concreta en la persona de Álvaro Pérez.

En su escrito de calificación provisional, al igual que también consta en el del fiscal, se deja constancia de las dos vías de financiación de gastos del PPCV. Por un lado se hicieron abonos mediante cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras que en una segunda vía se realizaba abono de facturas. Conjuntamente a ello, los 'populares' disminuían el débito que mantenían con Orange mediante ingresos indirectos que terceras entidades realizaban a la mercantil por contratos y prestaciones de servicios que nunca tuvieron lugar.